Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Valencia una red criminal dedicada a la venta ilegal de cadáveres. Este grupo delictivo falsificaba documentos para retirar cuerpos de hospitales y residencias, los cuales luego eran vendidos a universidades para su estudio, obteniendo ganancias de hasta 1.200 euros por cada cadáver. La investigación se inició a principios de 2023 cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la retirada irregular de un cadáver de un hospital, con documentación falsificada tanto en el libro de registro como en los registros civiles.
Las pesquisas revelaron que dos empleados de una funeraria habían apropiado de un cadáver de la morgue de un hospital mediante la falsificación de documentos. Este cuerpo fue trasladado a una universidad para su estudio en lugar de ser sepultado, generando ingresos ilegales para la red criminal. El fallecido, originalmente destinado a un sepelio de beneficencia financiado por el ayuntamiento, fue vendido por casi 1.200 euros sin el consentimiento de ningún familiar o amigo, ya que buscaban fallecidos sin allegados, preferentemente extranjeros o con condiciones de vida precarias.
La investigación también reveló otro caso similar en una residencia geriátrica, donde el difunto, con deterioro cognitivo severo, supuestamente autorizó la donación de su cuerpo antes de fallecer. Los criminales manipularon la firma para cambiar el destino del cadáver a otra facultad de medicina que pagaba más, asegurándose así un mayor beneficio.
Además, se descubrió que la funeraria implicada facturaba a universidades por incineraciones que nunca realizaba. Tras estudios y disecciones, introducían los cuerpos en féretros de otros difuntos, permitiéndoles realizar una sola incineración y facturar varias, evitando así los costos asociados. Esta práctica les permitió facturar 5.040 euros a una universidad por 11 incineraciones que no estaban reflejadas en las facturas de las incineradoras legítimas de la ciudad.
Ante estos hechos, los agentes llevaron a cabo la detención de los responsables de la funeraria investigada, así como de dos empleados, acusándolos de estafa y falsedad documental. La desarticulación de esta red criminal pone fin a una operación que atentaba contra la legalidad y la ética en el manejo de los cuerpos humanos con fines científicos.
