El Congreso ha promulgado una nueva normativa dirigida a fortalecer la privacidad de los representantes públicos. A partir de su entrada en vigor, quedarán proscritas las grabaciones obtenidas por métodos engañosos, así como aquellas que atenten contra la intimidad personal de los afectados.
Asimismo, esta regulación obliga a los medios de comunicación a respetar la voluntad de un político que decida no ofrecer declaraciones, prohibiendo cualquier tipo de seguimiento o insistencia para obtener respuestas fuera de los espacios oficiales destinados a la comunicación.
Mediante estas medidas, la Cámara pretende delimitar con claridad el ejercicio del derecho a la información y la protección de la vida privada de quienes desempeñan cargos públicos.
