Este jueves, el Gobierno ha sufrido otro revés en el Parlamento tras la negativa del Congreso de los Diputados a aprobar nuevamente la senda de estabilidad presupuestaria para el trienio 2026-2028. Esta votación adversa ocurre en un contexto complicado para la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, inmersa en disputas internas dentro del PSOE y episodios de detenciones que involucran a altos cargos.
La propuesta fue rechazada por 177 votos en contra —procedentes de PP, Vox, Junts y UPN— frente a 166 apoyos y cinco abstenciones, replicando prácticamente el resultado negativo registrado a finales de noviembre. Sin embargo, este desenlace no impide al Ejecutivo avanzar: con esta segunda votación se completan los pasos previos para que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 cuando lo considere adecuado.
El Ejecutivo conserva la opción de elaborar los Presupuestos
A pesar del revés parlamentario, el Gobierno podrá basar las cuentas públicas en los objetivos incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el año pasado, que se activa automáticamente tras la denegación de la senda de déficit propuesta por Hacienda.
La senda rechazada establecía un déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 2,1% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas, Hacienda planteaba mantener un margen del 0,1% del PIB durante esos años. No obstante, el plan alternativo que entra en vigor es más riguroso: obliga a las regiones a alcanzar el equilibrio presupuestario (0%) y concede una décima adicional de margen a la Administración Central.
Junts advierte: “No habrá objetivos hoy ni Presupuestos mañana”
Además, el debate incluyó una advertencia clara de Junts. Su portavoz, Josep Maria Cruset, alertó a Montero sobre las repercusiones negativas que tendrá incumplir los compromisos con Cataluña en futuras votaciones: «No habrá objetivos hoy ni Presupuestos mañana».
Las comunidades autónomas pierden margen: Madrid es la más impactada
La puesta en marcha del plan fiscal estructural implicará un ajuste de 1.755 millones de euros para las comunidades en 2026, además de una reducción acumulada de 5.485 millones en su capacidad de gasto entre 2026 y 2028.
Madrid será la comunidad más afectada, con un recorte proyectado de 1.088 millones durante este período. Le siguen Cataluña (1.038,7 millones), Andalucía (731,4 millones), Comunidad Valenciana (509,9 millones) y Galicia (280,8 millones), entre otras.
Montero expresó su pesar por la negativa y recordó que la propuesta de Hacienda proporcionaba un mayor margen a las regiones. «Resulta incomprensible que, ofreciendo más margen, algunos voten en contra. Solo puede explicarse como un no por el no», criticó en el Congreso.
