La evacuación reciente del edificio denominado B9 en Badalona ha suscitado un intenso debate social y político. Diferentes especialistas y organizaciones sociales critican que el discurso del alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, haya contribuido a fomentar un ambiente adverso hacia los residentes inmigrantes del inmueble, propiciando posturas de rechazo y deshumanización entre algunos habitantes del barrio.
Estas voces discrepantes indican que la frecuente asociación del colectivo inmigrante con problemas de seguridad y convivencia ha exacerbado las tensiones en la comunidad. “La criminalización institucional de un grupo vulnerable legitima actitudes discriminatorias”, advierten expertos en derechos humanos y convivencia urbana.
Analistas califican el desalojo del B9 como una prueba de políticas que apuestan por la exclusión social, desplazando el foco de las causas estructurales —como la carencia de vivienda adecuada— hacia la estigmatización de quienes enfrentan estas dificultades. Las organizaciones sociales alertan que estas medidas, lejos de solucionar el problema habitacional, profundizan las divisiones sociales.
Mientras que el Ayuntamiento argumenta que la intervención fue necesaria para asegurar la seguridad y el orden público, grupos vecinales y plataformas de apoyo a los desalojados exigen soluciones integrales que prioricen la mediación, la defensa de los derechos fundamentales y opciones habitacionales efectivas.
El caso B9 vuelve a poner en primer plano la influencia del discurso político en la convivencia ciudadana y el riesgo de que ciertos relatos institucionales normalicen el rechazo hacia el otro.
