En noviembre de 2024, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se convirtió en el primer dirigente de una democracia occidental en recibir una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Esta medida se fundamentó en su presunta implicación en delitos graves durante el asedio a Gaza, donde se reportaron bombardeos indiscriminados y obstrucción a la ayuda humanitaria, provocando una hambruna severa.
El 20 de mayo de 2024, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, señalando que ambos eran «responsables penalmente de crímenes internacionales» que abarcan el uso del hambre como arma de guerra, ataques intencionados contra civiles y otros crímenes de lesa humanidad.
Seis meses después de esta solicitud, los jueces internacionales decidieron proceder con las órdenes, pese a la firme defensa de Netanyahu. Durante un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el líder israelí sostuvo que la Corte pretende limitar la capacidad de Israel para defenderse, en medio de un conflicto que ya llevaba diez meses en Gaza.
Este contexto retrata a Netanyahu como un nacionalista comprometido que ha dirigido Israel desde 2009 con la convicción de proteger a su país y a Occidente ante una amenaza islamista. Ehud Barak, ex primer ministro y conocido de Netanyahu desde los años 60, ha señalado que él considera que su misión es defender no solo a Israel, sino también a Europa y al mundo.
Sin embargo, el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que incluyó el secuestro de ciudadanos israelíes, ha desafiado esta narrativa de defensa. Zahiro Shahar, representante de las familias de los rehenes, ha calificado la gestión de Netanyahu como criminal y ha reclamado un alto el fuego inmediato.
Las críticas se intensificaron luego de que se revelara que Netanyahu permitió durante años la transferencia de fondos de Catar a Hamás, lo que contribuyó al fortalecimiento de este grupo. Esta decisión se interpretó como parte de una estrategia para debilitar a la Autoridad Palestina y dividir a los palestinos, en lugar de enfrentar directamente al extremismo.
La respuesta de Netanyahu al ataque de Hamás fue una operación militar con un alto nivel de violencia en Gaza, caracterizada por bombardeos que causaron una destrucción sin precedentes. Conforme avanzaba la ofensiva, informes señalaron que el 70% de las infraestructuras urbanas y casi todas las escuelas fueron devastadas, además de un considerable número de víctimas, principalmente civiles.
Organizaciones internacionales han señalado que la situación humanitaria en Gaza es crítica, con más del 80% del suministro de agua comprometido y una hambruna que afecta a cientos de miles de personas. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos afirmó que privar de alimentos a la población constituye un crimen inexcusable, criticando duramente la gestión israelí de esta crisis.
Las difíciles realidades del conflicto han llevado a un creciente cuestionamiento dentro de Israel sobre la legitimidad y moralidad de las acciones de Netanyahu. Aunque el primer ministro sostiene que su enfoque es necesario para la seguridad nacional, las críticas se hacen oír cada vez con mayor fuerza, cuestionando el coste humano de esta defensa.