El Gobierno ha autorizado una condonación de deuda superior a 83.000 millones de euros para las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación. Esta medida, promovida tras la petición de ERC en las negociaciones relacionadas con Cataluña, ha generado un amplio debate político.
Desde el Gobierno se recalca que no se concede un beneficio exclusivo a ninguna región, sino que se aplica como un mecanismo general para aliviar la carga financiera de todas las comunidades autónomas. “Es incorrecto afirmar que esta acción busca favorecer a Cataluña”, afirmaron fuentes oficiales.
El Partido Popular manifestó su rechazo a la iniciativa, considerándola una concesión al independentismo catalán y un trato desigual para el resto de los españoles. Según esta formación, la decisión “atenta contra el principio de igualdad” entre las comunidades autónomas y cuestiona la unidad del Estado.
La medida, que incluye a todas las autonomías que forman parte de los mecanismos extraordinarios de financiación, busca facilitar la mejora de las finanzas regionales y reducir la presión sobre los servicios públicos en un escenario marcado por la elevada deuda acumulada tras la crisis financiera y la pandemia.
