El Gobierno, con el apoyo de Bildu, ha aprobado un nuevo conjunto de ayudas sociales que busca ampliar medidas como la suspensión de desahucios, la garantía de suministros esenciales y la actualización de las pensiones. Sin embargo, el presupuesto estimado —cerca de 7.900 millones de euros— ha generado preocupación por el impacto significativo en las finanzas públicas.
En la última reunión del Consejo de Ministros del año se autorizó un plan social que incluye acciones urgentes para asistir a las familias en situación vulnerable: incremento de pensiones, prolongación de la prohibición de desahucios, mantenimiento del bono social eléctrico, subvenciones para el transporte público y extensión de ayudas para afectados por desastres, entre otras.
Este acuerdo, negociado con EH Bildu, pretende continuar en 2026 las políticas sociales implementadas en años anteriores. A pesar de su propósito social, se calcula que este “Escudo Social” ocasionará un déficit público adicional de al menos 7.900 millones de euros si no se adoptan medidas que incrementen los ingresos.
El mayor peso del gasto corresponde al aumento de las pensiones contributivas, mínimas y de viudedad, además de mantener el bono social eléctrico para hogares en situación vulnerable. También supone un gasto relevante la continuidad en la prohibición de desahucios y los cortes de suministros básicos.
Asimismo, el paquete incluye apoyos para el sector agrario, subsidios para víctimas de catástrofes, extensión de incentivos para el transporte público y ciertas exenciones fiscales. Todo esto amplía el gasto social estatal en un contexto económico marcado por la alta inflación, la deuda pública y los compromisos presupuestarios con la Unión Europea.
Críticas sobre responsabilidad fiscal frente a protección social
Organismos de la oposición y algunos expertos económicos advierten que un déficit adicional de esta magnitud podría poner en riesgo la estabilidad económica del país, aumentar la deuda pública y generar tensiones en los mercados financieros. Según ellos, este tipo de iniciativas requieren fuentes de ingresos adicionales —no solo incrementos en el gasto— para no comprometer el futuro.
Por otra parte, quienes apoyan el acuerdo argumentan que el “Escudo Social” responde a una necesidad tangible: proteger a las familias más vulnerables en un entorno económico complicado. Consideran que el impacto social justifica la carga presupuestaria.
El equilibrio entre solidaridad y sostenibilidad económica
El pacto entre el Gobierno y Bildu para prolongar el “Escudo Social” demuestra un compromiso significativo con la protección social. No obstante, su elevado coste —7.900 millones de euros— plantea serias dudas respecto a la sostenibilidad financiera. El desafío consiste en armonizar la justicia social con la responsabilidad económica sin comprometer la estabilidad fiscal futura.
