José Ángel González, ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, afirma sentirse «tranquilo» al acudir a los juzgados de Madrid en una sesión clave donde la denunciante también ratifica su denuncia.
Este martes ha sido una jornada crucial en los tribunales madrileños para la dirección de la seguridad estatal. El comisario principal jubilado José Ángel González, quien ejerció como Director Adjunto Operativo (DAO) hasta hace pocas semanas, declaró ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8. Lo hizo en calidad de investigado por una supuesta agresión sexual denunciada por una inspectora del cuerpo.
A su llegada, González se mostró breve pero decidido frente a los medios: «Estoy bien y tranquilo», comentó antes del interrogatorio que tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos el 23 de abril de 2025 en una residencia oficial dependiente del Ministerio del Interior.
Dos versiones contrapuestas
El juez citó a ambas partes por separado para evitar cualquier contacto visual, siguiendo el procedimiento habitual en casos de violencia de género. Las posturas se mantienen muy alejadas:
- La acusación: La inspectora sostiene que fue presionada para acudir a la vivienda oficial durante su turno de servicio. Su denuncia relata «negativas claras y persistentes», describiendo una situación de «intimidación ambiental» y una posición de «superioridad jerárquica». Ha presentado como evidencia grabaciones de audio del encuentro, capturas de WhatsApp y registros telefónicos.
- La defensa: Los representantes legales del ex DAO argumentan que las grabaciones no evidencian ninguna agresión, sino una «relación de confianza». Consideran que la denuncia surge de un «ataque por celos» por parte de la inspectora y critican el «juicio paralelo» al que, según ellos, se está sometiendo al antiguo comisario.
Situación institucional inédita
Este caso ha provocado una significativa conmoción en el Ministerio del Interior. La renuncia de González como máximo responsable operativo, cargo que desempeñaba desde 2018, fue solo el inicio de una crisis que también conllevó la suspensión del comisario Óscar San Juan, a quien la denunciante acusa de coacciones para intentar ocultar el asunto.
Además del presunto delito sexual, el juzgado deberá decidir si inicia un procedimiento separado por revelación de secretos, tras la denuncia realizada por el abogado de la inspectora, Jorge Piedrafita, acerca de la filtración a la prensa de documentos que exhibían la identidad de la agente.
Futuro del proceso
Una vez practicadas las declaraciones este martes, el juez evaluará si las evidencias tecnológicas y los testimonios presentados son suficientes para proseguir con el caso o si, por el contrario, las grabaciones respaldan la versión de la defensa. El resultado tendrá un impacto significativo en la rendición de cuentas de los altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
