La defensa de Óscar Sánchez, anterior inspector jefe de la UDEF en Madrid, ha interpuesto un recurso frente al auto de procesamiento emitido por la Audiencia Nacional. El escrito sostiene que el juez Francisco de Jorge dictó esta resolución de forma «anticipada» y «escalonada», apenas tres días antes de que Sánchez compareciera para declarar voluntariamente, lo que según su abogado vulneraría su derecho a un proceso con todas las garantías.
Cuestionamientos sobre la cifra de 32 millones
Uno de los aspectos más controvertidos del recurso es la cuantía del supuesto beneficio ilícito. El juez atribuye a Sánchez la recepción de 32,6 millones de euros por facilitar la operación de una red que introdujo 73 toneladas de cocaína en España. La defensa considera esta cifra una «afirmación sin sustento» al argumentar:
- Ausencia de evidencias: El auto no concreta qué diligencias o pruebas fundamentan esa suma.
- Cuestionamiento del uso de bases de datos: Niegan que Sánchez empleara de forma fraudulenta archivos policiales para favorecer a la organización.
- Deficiencias temporales: Señalan la inexistencia de un análisis detallado que aclare la implicación específica del agente en los hechos.
«El procesamiento se dictó cuando la investigación aún estaba claramente incompleta», afirma el abogado Emilio José Rodríguez Marqueta.
Desigualdad en el proceso debido a la instrucción
El recurso destaca que el procesamiento se efectuó mientras varias partes del caso permanecen bajo secreto de sumario, lo que genera una «asimetría» en el acceso a la información. La defensa indica que todavía no ha tenido acceso a:
- Los volcados sin procesar de los dispositivos electrónicos incautados a Sánchez.
- Los datos originales provenientes de la plataforma de mensajería cifrada Sky ECC, que resultan fundamentales para la investigación.
- Los resultados de diversas solicitudes internacionales de información pendientes de recibir.
Procesamiento escalonado y cuestionamientos
La defensa también critica que el juez haya optado por procesar a los investigados de forma «escalonada» —primero al líder de la red y posteriormente a Sánchez—aunque esta práctica también ha sido objeto de debate por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Según el recurso, este procedimiento vulnera el principio de «igualdad de armas» y sitúa a Sánchez en una posición de desventaja frente a otros investigados.
Óscar Sánchez se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2024 tras la detección de más de 20 millones de euros en su hogar y despacho. Comparte el procesamiento con su esposa y su cuñada, ambas acusadas de blanqueo de capitales.
