Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha anunciado este lunes su renuncia tras la confirmación de una condena dictada por el Tribunal Supremo. La dimisión fue comunicada mediante una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que solicita al Consejo de Ministros su cese previo a la ejecución de la sentencia.
En la carta, García Ortiz afirma que su decisión responde al convencimiento de haber desempeñado su función con lealtad hacia la institución, reflejando así un mensaje de despedida y defensa de su gestión. Asegura haber actuado siempre conforme a los principios que rigen el Ministerio Público y el interés general, señalando: “Mi objetivo ha sido fortalecer la autonomía de la Fiscalía y asegurar un funcionamiento transparente y eficiente”.
La renuncia llega en un momento de alta tensión institucional. La sentencia del Tribunal Supremo, que ha provocado gran repercusión política, colocó a García Ortiz en una posición comprometida, enfrentando una presión creciente de diferentes sectores que demandaban una respuesta rápida. Con este paso, evita que su cese sea consecuencia directa de la ejecución judicial, lo que habría generado un debate más profundo sobre la estabilidad y continuidad del Ministerio Público.
Fuentes del gobierno informan que el Consejo de Ministros conocerá la renuncia en la próxima reunión y activará el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general. Mientras tanto, la dirección de la Fiscalía permanecerá en funciones a la espera de que el Ejecutivo evalúe las candidaturas y lleve a cabo una sustitución clave en un contexto marcado por controversias y tensiones internas.
La salida de García Ortiz abre un periodo de incertidumbre respecto al futuro de la Fiscalía en un escenario de elevada sensibilidad judicial y política. Su sucesor enfrentará el desafío de recuperar la confianza en la institución y abordar asuntos pendientes, como procesos delicados y la necesaria renovación estructural del Ministerio Público.
