Después de la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, su permanencia en la carrera dependerá ahora de un informe de la inspección interna, dirigida por la misma persona que no actuó cuando se filtró el correo del novio de Ayuso. Esta decisión es fundamental y cuestiona la confianza en la institución.
La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en diciembre de 2025 determinó que García Ortiz, o alguien cercano con conocimiento, divulgó el correo confidencial que afectaba a la pareja de Ayuso, incumpliendo el deber de reserva de su cargo.
No obstante, pese a la gravedad de la sentencia, el futuro profesional del exfiscal no depende directamente del fallo judicial, sino del informe que debe elaborar la unidad interna de inspección de la Fiscalía General del Estado. Esta misma inspección, conducida por quien no abrió expediente tras la filtración original, será la encargada de determinar si los hechos constituyen una falta muy grave que amerita expulsión, o una falta grave o leve con sanciones menos severas.
Esta circunstancia ha generado consternación dentro y fuera de la institución, pues varios críticos señalan un claro conflicto de intereses: ¿cómo puede decidir la sanción del responsable del incumplimiento quien omitió actuar cuando ocurrió la primera filtración?
La situación resulta paradójica: la inspección que no tomó medidas cuando el contenido confidencial del correo fue divulgado en prensa será ahora la que determine si él merece mantener su cargo. Para muchos, esto sugiere que la Fiscalía se protege a sí misma y limita su propia rendición de cuentas.
En tanto, García Ortiz permanece en una situación jurídica y profesional incierta. Hasta que la inspección emita su informe, conserva su condición de fiscal con todos los derechos asociados, a excepción de ocupar cargos de confianza. Esta prolongada espera contribuye al desgaste institucional, la pérdida de confianza pública y la disminución de la credibilidad de quien debería garantizar la legalidad.
Un desenlace en manos de quien no intervino
El caso de García Ortiz evidencia más que una filtración: pone al descubierto las deficiencias en los mecanismos internos de control de la Fiscalía. Que su futuro dependa de una inspección que previamente decidió no actuar ante la filtración inicial refleja un sistema que se protege internamente, alejándose de la transparencia y la responsabilidad. La resolución que adopte esta unidad interna determinará no solo el porvenir de un fiscal, sino también el nivel real de autocontrol y honestidad en la institución encargada de velar por el Estado de derecho.
