Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el esperado Estatuto del Becario, una normativa destinada a regular las prácticas académicas en empresas, garantizar una compensación económica por gastos y limitar el uso de becarios para cubrir empleos estructurales.
A pesar de este avance, la norma afronta un proceso parlamentario incierto debido a la complejidad de las mayorías en el Congreso.
Ejes clave de la normativa
El texto, fruto de un proceso de negociación extenso, se centra en tres pilares principales para proteger los derechos de los estudiantes:
- Compensación de gastos: Las empresas deberán cubrir los costes asociados a desplazamientos, alojamiento o alimentación del becario, salvo cuando exista una beca pública que ya los financie.
- Limitación de prácticas extracurriculares: Se establecen restricciones en cuanto a las horas y duración de las prácticas que no forman parte del plan académico oficial para evitar que estas se utilicen como empleo precario encubierto.
- Derechos y prohibiciones: Los becarios tendrán derecho a vacaciones, días festivos y a acceder a servicios como comedor y zonas comunes, igual que el resto del personal. Queda prohibido que un becario sustituya a un trabajador de plantilla.
Un contexto político complejo
Aunque la iniciativa cuenta con el apoyo de los principales sindicatos, la normativa enfrenta obstáculos en el Parlamento:
- Escasez de apoyos: La fragmentación en el Congreso, junto con las dudas de algunos aliados habituales del Gobierno y el rechazo previo de la patronal CEOE, dificultan la obtención de la mayoría necesaria.
- Reservas universitarias: Varias instituciones académicas expresan su inquietud por la posible carga administrativa y la reducción en la oferta de plazas para prácticas debido a las nuevas obligaciones económicas para las empresas.
- Incertidumbre legislativa: Si el Gobierno no consigue asegurar los votos de grupos nacionalistas o de la izquierda minoritaria, el Estatuto podría no llegar a implementarse.
Meta: eliminar la figura del «falso becario»
Desde el Ministerio de Trabajo se subraya que esta ley representa una cuestión de dignidad. Su propósito es erradicar la práctica de jóvenes que encadenan convenios de prácticas para desempeñar tareas que conllevan responsabilidades sin recibir remuneración ni contar con derechos laborales básicos, garantizando que la etapa formativa sea verdaderamente formativa.
