El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una normativa que elimina las trabas administrativas establecidas en la reforma sanitaria de 2012, facilitando el acceso al sistema público mediante una «declaración responsable», una fórmula que el Partido Popular califica de «turismo sanitario».
Este martes, el Gobierno de España ha ratificado el Real Decreto orientado a consolidar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El reglamento, promovido conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, y el Ministerio de Seguridad Social, persigue garantizar la atención sanitaria pública gratuita para todas las personas extranjeras que residen en España sin una residencia legal.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende derogar las restricciones implantadas con el Real Decreto-ley 16/2012, aprobado durante la administración de Mariano Rajoy. Aunque esta normativa es uno de los proyectos destacados del ministerio, la ministra García no asistió a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, limitándose a expresar su satisfacción a través de sus redes sociales.
Acceso ágil y flexibilización de la documentación
La nueva norma introduce modificaciones importantes en el proceso para acceder a las prestaciones sanitarias. El procedimiento se simplifica a través de la presentación de una «declaración responsable», donde el solicitante declara no contar con cobertura por otros medios ni tener un tercero obligado a costear la asistencia. Tras la solicitud, se expedirá un documento provisional que permitirá la atención inmediata en todas las comunidades autónomas.
Entre las novedades destaca la admisión de diversas formas de acreditar la residencia. Aunque el certificado de empadronamiento sigue siendo el documento preferido, ahora se aceptarán otros justificantes como:
• Certificados de escolarización o inscripción en instituciones educativas públicas.
• Informes provenientes de servicios sociales o registros de visitas.
• Facturas de servicios básicos como luz, gas, agua, telefonía o Internet.
Asimismo, la norma establece que si la Administración no responde a la solicitud en un plazo de tres meses, esta se considerará aprobada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, la asistencia sanitaria no tendrá fecha de caducidad, a diferencia del sistema anterior donde los documentos eran válidos únicamente por dos años.
Reproches del Partido Popular: «El sanchismo invita y otros pagan»
La iniciativa ha recibido críticas desde el Partido Popular, que ha manifestado la ausencia de un análisis detallado sobre el impacto económico que esta medida puede tener en la viabilidad del sistema sanitario y en el aumento de las listas de espera. Fuentes del partido destacan que el Gobierno «confunde intencionadamente» la atención necesaria con la concesión de derechos a quienes están en situación irregular.
Desde el PP señalan que «el Ejecutivo de Sánchez trata de ampliar derechos mientras tensiona un sistema sanitario ya saturado», y subrayan que son las comunidades autónomas las que gestionan esta situación en solitario. También alertan de que la supresión del requisito de tres meses de residencia puede favorecer la llegada de turismo sanitario.
Extensión de cobertura para españoles residentes en el extranjero
Este real decreto también amplía los derechos para los españoles de origen que residen fuera de España. Hasta ahora, la sanidad pública durante sus visitas temporales al país estaba reservada a pensionistas o trabajadores. La nueva regulación extiende esta cobertura a todos los españoles de origen y sus familiares directos, incluyendo cónyuges, parejas de hecho y descendientes a su cargo.
