El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del artículo 43 para garantizar la atención en la sanidad pública, a pesar de que su aprobación depende del respaldo del PP.
MADRID – En un paso significativo desde el punto de vista jurídico e histórico, el Gobierno de España aprobó este martes, en segunda lectura, el proyecto para modificar la Constitución con el fin de asegurar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta iniciativa pretende incorporar dicho derecho en la Carta Magna mediante la reforma del artículo 43, garantizando su acceso gratuito y efectivo a través del sistema público sanitario.
El corazón de la reforma: garantía de prestación
La propuesta, que cuenta con el visto bueno del Consejo de Estado, incluye un cuarto apartado en el artículo 43 que establece:
«Los poderes públicos asegurarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con todas las prestaciones y servicios necesarios».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó que la iniciativa busca corregir la actual desigualdad en la prestación del servicio: actualmente, el 79% de los abortos se realizan en clínicas privadas y solo el 20% en centros públicos. «Estamos consolidando la garantía de acceso a la prestación, que es lo que se encuentra en riesgo», afirmó la ministra tras la reunión en La Moncloa.
Un proceso parlamentario desafiante
A pesar del compromiso gubernamental, la aritmética parlamentaria plantea un reto considerable. Al tratarse de una reforma constitucional mediante el procedimiento ordinario, se plantean dos escenarios:
- Mayoría de tres quintos: se requiere un amplio consenso en ambas cámaras, Congreso y Senado.
- Comisión Paritaria: si no se alcanza la mayoría de tres quintos, se podría intentar con dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
En ambos casos, la influencia del Partido Popular (PP), con mayoría absoluta en el Senado, es clave para la aprobación o rechazo de la reforma. Hasta el momento, el PP ha mostrado reticencias a respaldar esta reforma constitucional, lo que anticipa un proceso con dificultades.
Defensa frente a posibles retrocesos
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que esta reforma es necesaria para salvaguardar la autodeterminación de las mujeres ante eventuales retrocesos políticos. El Ejecutivo sostiene que, aun cuando la legalidad del aborto no corre peligro a corto plazo, sí está en riesgo la posibilidad de ejercer este derecho con igualdad en todo el país.
«Lucharemos para que los derechos de las mujeres no se vean amenazados», reiteró Redondo, quien confía en que los partidos políticos puedan responder a una demanda social mayoritaria. Tras este primer paso legislativo, se abrirá una ronda de diálogo con las comunidades autónomas y los grupos políticos para buscar un acuerdo que, por ahora, parece distante.
