El Ejecutivo reconoce en una respuesta parlamentaria que la exdirectiva investigada firmó una adenda contractual, pero niega irregularidades en el proceso
El Gobierno de España ha reconocido, mediante una respuesta escrita dirigida al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la participación de Leire Díez —exmilitante socialista actualmente bajo investigación judicial— en la gestión de un contrato relativo a balizas de tráfico tipo V-16 durante su periodo al frente de la Dirección de Filatelia, Estudios y Futuro de Correos en 2023.
Esta confirmación se produjo tras varias preguntas registradas por el PP, motivadas por las informaciones que relacionaban a Díez, detenida en diciembre pasado en el contexto de una investigación por posible cobro de comisiones ilegales junto a otros cargos vinculados a la SEPI, con la operativa comercial de la empresa postal pública.
Posición del Ejecutivo: naturaleza mercantil del contrato
En su escrito, el Gobierno evita nombrar directamente a la investigada, si bien confirma la existencia de la adenda firmada el 20 de julio de 2023, en la que Díez desempeñó un papel activo junto con el director de Operaciones de Correos. El Ejecutivo aclara que la naturaleza jurídica de este acuerdo justifica la no aplicación de los controles de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Gabinete sostiene que, al tratarse de un contrato de comisión mercantil —en el que Correos presta un servicio y recibe ingresos, actuando como prestador y no como contratante que paga un servicio—, no son aplicables los mecanismos propios de la contratación pública. Además, destaca que en el ámbito interno no se ha registrado ni denunciado ningún posible conflicto de interés relacionado con estos contratos.
Auditorías y medidas internas de confidencialidad
En relación con las garantías de transparencia, el Gobierno señala que, a pesar de que este contrato no está sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público, la actividad de Correos está supervisada mediante auditorías periódicas y bajo la vigilancia del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, se indica que el Comité de Cumplimiento de Correos ha desarrollado «desde hace varios meses ciertas actuaciones» vinculadas a este tema, aunque no se proporcionan detalles debido al «deber de confidencialidad». Sobre el contrato en sí, el Ejecutivo confirma que Correos comercializa actualmente tres modelos de balizas V-16, todas ellas debidamente homologadas para su utilización.
La figura de Leire Díez, que ha cobrado relevancia tanto en el ámbito mediático como judicial debido a sus funciones en la empresa estatal y su presunta relación con tramas que afectan a altos cargos del Gobierno, permanece en el foco parlamentario. Mientras tanto, el Ejecutivo defiende la legalidad del proceso de comercialización de estos dispositivos de seguridad vial.
