La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha originado un amplio debate en la política española, con el Gobierno adoptando una postura crítica hacia la Justicia. Aunque el Tribunal Supremo aún no ha emitido la sentencia formal, la pena de dos años de inhabilitación y la multa de 7.200 euros han centrado las discusiones sobre la imparcialidad del sistema judicial.
Desde el Ejecutivo, se ha calificado la resolución como «injusta» y se ha señalado que la Justicia «ha avanzado poco en los últimos 50 años». Esta valoración se enmarca en un contexto donde la memoria histórica de la dictadura franquista sigue influyendo en las decisiones jurídicas actuales. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha considerado que el fallo representa una intromisión política del Poder Judicial.
García Ortiz fue acusado de revelar información confidencial relacionada con una investigación por fraude fiscal que involucraba al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha defendido su reputación, argumentando que se trata de una persecución política organizada por la oposición.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha afirmado que, aun siendo una sentencia que perciben como injusta, no debe ocultar los problemas que enfrenta la Comunidad de Madrid. En un evento reciente, remarcó que el PSOE seguirá denunciando supuestas prácticas corruptas del gobierno madrileño, destacando que acatar una sentencia no implica guardar silencio ante lo que consideran injusticias.
El contexto histórico es un referente constante en las críticas del Gobierno hacia la justicia actual en España. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vinculado la situación presente con el franquismo, señalando que no se debe permitir un retroceso en la lucha por la igualdad y la legalidad en un país que, según su opinión, apenas ha progresado en estas áreas en las últimas cinco décadas. Esta argumentación busca también descalificar quienes intentan utilizar la sentencia con fines políticos.
Por su parte, Yolanda Díaz ha señalado que la condena supone una afectación grave al principio de separación de poderes, concluyendo que el Poder Judicial no está actuando con la neutralidad requerida, lo que supone un riesgo para la democracia y la confianza ciudadana.
Comentarios similares han sido expresados por otros líderes políticos de la izquierda, como Oriol Junqueras, de ERC, quien ha manifestado que el sistema judicial aún conserva influencias del franquismo, perpetuando decisiones que perjudican la percepción de una justicia justa y equitativa actualmente.
Ione Belarra, dirigente de Podemos, ha ido más allá al acusar a sectores de la derecha política, mediática y judicial de llevar a cabo un ataque coordinado contra García Ortiz. Ha calificado esta situación como un intento de impedir que se conozcan las supuestas irregularidades en la administración de Ayuso. En un tono directo, ha instado al PSOE a actuar con firmeza para desmontar los poderes que controlan el sistema.
