El Ejecutivo de Pedro Sánchez inicia una fase compleja en las negociaciones con Junts. Carles Puigdemont ha aumentado la presión al Gobierno central, señalando la protección del catalán y el control migratorio como puntos esenciales, en medio de la competencia con Aliança Catalana por dominar el independentismo.
El Ejecutivo planea establecer la obligación para las empresas que operan en Cataluña de atender a sus clientes en catalán, con el propósito de fortalecer su uso social. Paralelamente, el Consejo de Ministros someterá a votación la transferencia de competencias sobre extranjería a la Generalitat, a pesar de la oposición declarada de Podemos, socio parlamentario del Gobierno.
Estas dos áreas —la lengua y la inmigración— se han convertido en un foco de confrontación política en Cataluña, donde Junts busca diferenciarse frente al aumento de otras opciones independentistas. Desde Moncloa reconocen que las negociaciones son complejas, pero imprescindibles para sostener la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno en el Congreso.