El Ejecutivo reconoce que el proceso contra el exministro resulta «desalentador» y admite que la repercusión judicial está condicionando la agenda política nacional.
MADRID – El Gobierno ha salido del silencio ante la intensidad de las declaraciones ofrecidas en el Tribunal Supremo durante el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Fuentes del Ejecutivo afirmaron este jueves 9 de abril que la situación es «desalentadora» y que las revelaciones judiciales dificultan cualquier esfuerzo por avanzar en una agenda política positiva.
«No es posible destacar nada positivo esta semana,» reconocen desde Moncloa en declaraciones a El País, admitiendo que los relatos relacionados con «contrataciones irregulares», coimas y grandes sumas de dinero están generando una presión comunicativa y moral compleja de gestionar.
Un juicio que condiciona la agenda política
A pesar de que el Gobierno continúa con su agenda legislativa —incluyendo iniciativas como la protección constitucional del aborto o la modificación de la ‘Ley Mordaza’—, la atención se centra en el proceso judicial. El Ejecutivo reconoce que este caso está acaparando el interés público, aunque confía en que el impacto electoral haya sido asumido previamente, dado que los hechos llevan varios meses en el centro del debate mediático.
Las declaraciones más relevantes de la semana
La fuerza de los testimonios en el Supremo ha reducido significativamente las alternativas para el Gobierno. Entre los aspectos más destacados se encuentran:
- Contrataciones en empresas públicas: Se examina la inserción arbitraria de personas cercanas al exministro, como Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, en organizaciones como Ineco o Logirail. Testigos indicaron que Rodríguez «no asistió nunca a su lugar de trabajo» a pesar de recibir un salario público.
- El traslado del dinero en Ferraz: Uno de los testimonios más llamativos provino de un conductor, quien confirmó ante el juez que trasladó a una empresaria hasta las proximidades de la sede del PSOE en la calle Ferraz con un «saco de billetes» (aproximadamente 90,000 euros en efectivo) por orden de Víctor de Aldama.
- Preferencias y presiones: Exdirectivos de Adif declararon que Ábalos intercedió de forma directa para evitar molestias a sus allegados en sus posiciones públicas.
La táctica de «neutralización»
Ante la gravedad de los testimonios, ciertos sectores dentro del Gobierno intentan restar importancia comparando el caso con la operación Kitchen del Partido Popular. «Así como la Kitchen está superada para el PP, este caso también lo estará para nosotros. Será un empate a cero,» comentan ministros cercanos a Pedro Sánchez.
No obstante, el ambiente predominante en el Ejecutivo es de preocupación. Con Ábalos y Koldo García en prisión preventiva y enfrentando condenas que podrían alcanzar los 30 años de cárcel, el Gobierno reconoce que se enfrenta a una «semana difícil» con complicaciones para recuperar la comunicación favorable en el corto plazo.
El dato: El juicio, con 13 sesiones programadas para este mes de abril, se encuentra en un momento crítico con la declaración de hasta 80 testigos.
