El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete fiscal que reemplaza el antiguo descuento de 20 céntimos por una reducción directa de los impuestos. Además, se restablece el «escudo social» mediante la prohibición de cortes en suministros básicos tras tres semanas de enfrentamientos en Oriente Próximo.
España ha puesto en marcha una respuesta económica ante la crisis energética. Coincidiendo con el tercer aniversario de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, el Ejecutivo ha implementado una serie de medidas urgentes. El conflicto ha elevado el precio del barril de Brent por encima de los 100 dólares, haciendo que llenar un tanque de diésel supere los 100 euros.
Reducción fiscal directa en lugar de bonificación por litro
A diferencia de la estrategia adoptada tras la invasión de Ucrania en 2022, el Gobierno ha descartado el descuento de 20 céntimos en el surtidor. En su lugar, ha decidido aplicar una reducción fiscal directa más amplia y ambiciosa de lo inicialmente planteado.
- Carburantes: El IVA de las gasolinas se reducirá del 21% al 10%. Asimismo, el decreto contempla la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, que no solo afecta a gasolina y diésel, sino también al gas natural, querosenos y gases licuados del petróleo (GLP).
- Electricidad: Se adopta un esquema similar al del año pasado, bajando el IVA del recibo al 10%. Además, se disminuye el impuesto especial eléctrico, fijado en el 5%, y se suprime el impuesto a la producción que pagan las compañías eléctricas.
Estas iniciativas se implementan en un contexto complejo donde el precio del gas en la referencia de Países Bajos se sitúa alrededor de los 60 euros/MWh, cifra que, aunque inferior a los 300 euros de 2022, duplica los niveles previos al conflicto. Por su parte, los carburantes han experimentado incrementos de entre el 19% y el 32% desde el inicio de las hostilidades.
Restablecimiento del escudo social y discrepancias en la coalición
El paquete legal no solo busca aumentar la recaudación, sino también reactivar medidas de protección social que habían perdido vigencia recientemente. El Ejecutivo ha reinstaurado la prohibición de cortes en suministros básicos (luz, agua y gas) para personas vulnerables y amplía el bono social eléctrico. Por ahora, no contempla nuevas reducciones en el IVA de productos alimentarios.
No obstante, la elaboración del plan ha evidenciado las divisiones dentro del Gobierno de coalición. El socio minoritario, Sumar, ha expresado su oposición al decreto enfocado principalmente en la bajada de impuestos, solicitando también medidas como la congelación de alquileres y la regulación de márgenes empresariales. Este desacuerdo provocó una prolongada paralización de la reunión del Consejo de Ministros, reflejando la dificultad de alcanzar consenso ante esta crisis internacional.
