El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha reducido drásticamente su actividad en Marruecos, lo que ha generado preocupación en el ámbito de la seguridad y los intereses estratégicos de España. Según información publicada por EL MUNDO , la presencia de agentes en el país vecino se ha visto restringida desde hace al menos tres años, dejando las delegaciones con un papel meramente burocrático y sin operativos de inteligencia activos.
Las mismas fuentes señalan que esta retirada ha afectado áreas clave como la defensa, la seguridad frente al yihadismo, el control migratorio y la vigilancia del ámbito empresarial. Hasta la drástica reducción de efectivos, el CNI mantenía una presencia significativa en Marruecos, dada la relevancia del país en la geopolítica española. Sin embargo, la orden de repliegue se ejecutó sin explicaciones claras, y desde entonces los agentes no han regresado a su labor en el terreno.
Negación del CNI y contexto político
Desde el propio CNI se ha desmentido esta versión, asegurando que las necesidades informativas en Marruecos están “bien cubiertas” y que no ha habido una retirada de efectivos. No obstante, el repliegue de los agentes coincide con un periodo de acercamiento diplomático entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Rabat, marcado por acuerdos en materia de seguridad y migración, así como por el controvertido cambio de postura de España sobre el Sáhara Occidental.
El Ejecutivo español reconoció en 2022 el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara, apartándose de su histórica postura de apoyo a un referéndum de autodeterminación en la excolonia española. Desde entonces, la estrategia gubernamental ha sido la de mantener una relación estable con Marruecos, lo que, según fuentes de inteligencia, ha llevado a decisiones como la retirada del CNI para evitar posibles roces con el país norteafricano.

Tensión migratoria y el caso Pegasus
Pese a los intentos de mantener la estabilidad con Rabat, Marruecos ha utilizado la inmigración como herramienta de presión política sobre España. Uno de los episodios más críticos ocurrió en mayo de 2021, cuando casi 8.000 migrantes accedieron a Ceuta en cuestión de días, en lo que se interpretó como una respuesta del Gobierno marroquí a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Además, este periodo de tensiones diplomáticas coincidió con presuntos casos de espionaje a miembros del Gobierno español mediante el software Pegasus. Investigaciones independientes y medios internacionales como The Guardian han señalado a Marruecos como el posible responsable del hackeo de más de 200 teléfonos en España, incluidos los del presidente Pedro Sánchez y varios ministros.

En 2023, una misión de eurodiputados investigó la presunta implicación de Marruecos en estos ciberataques y encontró indicios plausibles de su participación. Sin embargo, criticaron la falta de cooperación del Ejecutivo español en la investigación, especialmente la negativa de altos cargos a reunirse con los enviados de la UE.
Preocupación en los círculos de inteligencia
Expertos en seguridad advierten que la reducción de la presencia del CNI en Marruecos supone un riesgo para España, dado el papel estratégico del país en cuestiones de terrorismo, migración y economía. Consideran que esta retirada no responde a razones operativas, sino a una decisión política con el objetivo de no incomodar a Rabat.
“El Gobierno no quiere molestar a Marruecos”, aseguran fuentes del sector, que insisten en la necesidad de mantener operativos de inteligencia en un país clave para la estabilidad de España. La incertidumbre sobre el alcance del repliegue y sus consecuencias a largo plazo sigue generando inquietud tanto dentro como fuera del ámbito de la seguridad nacional.