El Ejecutivo español ha optado por fraccionar el decreto denominado “escudo social” tras su rechazo en el Congreso de los Diputados la semana pasada, donde PP, Vox y Junts votaron en contra debido a ciertas medidas incluidas en el texto. La intención principal es asegurar de forma inmediata la actualización de las pensiones y, al mismo tiempo, dialogar sobre la continuidad del resto de iniciativas sociales, entre ellas la prórroga de la moratoria de desahucios para hogares en situación vulnerable.
El primer decreto que se pretende aprobar en el próximo Consejo de Ministros se centrará exclusivamente en la subida de las pensiones, con el objetivo de evitar demoras en el pago de las nuevas cantidades a los jubilados. El Gobierno considera esta cuestión prioritaria y espera obtener suficiente apoyo parlamentario al desvincularla de otros temas más controvertidos.
Un segundo decreto contemplará las disposiciones del escudo social, como la extensión de la moratoria de desahucios y la prohibición de cortar suministros esenciales —electricidad, agua y gas— en viviendas vulnerables. Estas medidas han recibido críticas por parte de la derecha, que argumenta que afectan negativamente a los pequeños propietarios, aunque el Gobierno aclara que la norma no abarca casos de ocupación ilegal.
La decisión de dividir el decreto se produjo tras intensas negociaciones multilaterales con los aliados parlamentarios del Gobierno. Desde Sumar, miembro del Ejecutivo de coalición, insisten en que la protección social debe mantenerse y están dispuestos a separar los textos siempre que se garantice la aprobación completa de las medidas.
Por otro lado, formaciones como Junts y PNV han pedido modificaciones en el sistema de compensaciones dirigidas a los propietarios afectados por la moratoria, mientras el PSOE destaca que estas políticas han amparado a decenas de miles de familias vulnerables en los últimos años.
El Gobierno enfrenta estas negociaciones en un contexto parlamentario fragmentado, con el desafío de conservar la estabilidad social sin comprometer la frágil mayoría que sostiene al Ejecutivo, mientras la oposición presiona para limitar algunas de las iniciativas más relevantes del escudo social.
