El suministro ilícito de gasolina, conocido como petaqueo, se ha consolidado como una fuente de ingresos para las organizaciones mafiosas relacionadas con el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil expresan sentirse sobrepasadas por la creciente actividad de estos grupos, que operan como subcontratas de los narcotraficantes y llegan a comercializar una garrafa de combustible que a precio de coste cuesta 50 euros por hasta 5.000 euros.
En el transcurso de una semana, las fuerzas de seguridad han confiscado más de 12.000 litros de gasolina en tres intervenciones desarrolladas en Cádiz, Rota y El Puerto de Santa María. En una de las incautaciones más significativas, se encontraron 181 garrafas destinadas a ser embarcadas en la playa de Cala Chica, lo que derivó en la detención de siete personas.
La elevada rentabilidad del negocio explica su rápida difusión: las narcolanchas necesitan mayor combustible debido a la prolongación de sus rutas y la presión policial, lo que provoca que el precio de la gasolina en el mercado ilegal se multiplique. “Es una forma sencilla de obtener ganancias sin involucrarse en la droga directamente, o eso piensan”, indican fuentes policiales.
Las organizaciones enfocadas exclusivamente en el petaqueo han llegado a manejar cantidades de hasta 20.000 litros semanalmente. Recientemente, la Guardia Civil desarticuló una red en Chiclana que contaba con un surtidor ilegal en una propiedad que también funcionaba como almacén de combustible.
La mayoría de los implicados son jóvenes provenientes de contextos vulnerables, para quienes esta actividad representa una solución rápida frente a la precariedad. No obstante, la violencia contra las fuerzas del orden está aumentando. “No portan armas todavía, pero no dudan en agredirnos físicamente o intentar atropellarnos”, alertan los agentes.
Desde la Fiscalía Antidroga de Cádiz se solicita un endurecimiento de las sanciones, intentando tipificar esta actividad bajo el artículo 568 del Código Penal, que se refiere al tráfico de sustancias explosivas. Algunos juzgados ya están enviando a prisión a petaqueros, aunque estas situaciones son todavía limitadas.
Los sindicatos policiales advierten que la carencia de recursos complica la lucha contra un fenómeno que se extiende a lo largo de toda la costa gaditana. Requieren que la provincia sea declarada Zona de Especial Singularidad debido a la presión que ejerce el narcotráfico, el cual, lejos de disminuir, continúa diversificándose.
