El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha decidido procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, junto a Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez, aunque ha descartado el delito de intrusismo profesional.
El magistrado Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha emitido un auto en el que dispone el procesamiento de Begoña Gómez por los cargos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Tras dos años de investigación, el juez considera que existen indicios suficientes para avanzar a la fase de juicio oral, sin embargo, ha excluido la acusación relacionada con intrusismo profesional que se mantenía hasta ahora.
La resolución, surgida después de la vista del pasado 1 de abril, representa un avance significativo en el caso. El juez Peinado ha concedido un plazo de cinco días para que las partes involucradas se pronuncien sobre la apertura del juicio. Esta decisión afecta no solo a Gómez, sino también al empresario Juan Carlos Barrabés y a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa, quienes también han sido procesados dentro de esta causa.
Dos años de investigación y ampliación de querellas
El procedimiento se inició en abril de 2024 tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Durante la instrucción, el alcance del caso creció con querellas presentadas por Hazte Oír y el partido Vox. Las pesquisas se han centrado principalmente en dos líneas de investigación vinculadas a la actividad de la procesada.
Por un lado, el juez ha examinado la actividad profesional de Begoña Gómez en relación con varios empresarios y su conexión con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por otro, se ha investigado si hubo un desvío de fondos públicos a través de la contratación de Cristina Álvarez. Según el caso, Álvarez, como asesora en Presidencia del Gobierno, habría participado tanto en funciones institucionales como en la «actividad privada» de la esposa de Pedro Sánchez.
Delitos imputados y exclusión del intrusismo profesional
Aunque el juez mantiene las imputaciones por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, el auto indica que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación de intrusismo profesional. Con este paso, el juez Peinado se aproxima al cierre de una instrucción que ha generado considerable atención pública y jurídica, centrada en el uso de recursos públicos y las relaciones profesionales de la esposa del presidente del Ejecutivo.
