El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado un plazo urgente a Moncloa para que entregue la documentación referente a las agendas y actividades de Begoña Gómez, advirtiendo sobre las posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.
El juez Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha emitido una nueva providencia que compromete al Gobierno. En esta orden, requiere de forma expresa que la Moncloa entregue cuanto antes las agendas de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, junto con otros documentos esenciales vinculados a sus actividades desde 2018. Esta petición es parte de una investigación que examina eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos y la conducta de Gómez durante su relación con el Ejecutivo.
La demanda abarca además los registros de los acompañantes en sus desplazamientos y las funciones específicas realizadas en sus responsabilidades institucionales y derivadas. En particular, se solicita información relativa a su asesoramiento en Moncloa, el personal contratado a su cargo y los detalles de sus viajes oficiales costeados por el Estado. Estos documentos son fundamentales para evaluar si las actividades de Begoña Gómez, como primera dama, han implicado un uso indebido de recursos públicos entre labores oficiales y privadas.
El juez enfatiza la urgencia de este requerimiento, considerando que en una providencia anterior, fechada el 4 de noviembre, ya se reclamó información detallada sobre contratos de personal y gastos en viajes y dietas vinculados a su función institucional. No obstante, Moncloa no ha entregado aún dicha documentación, lo que ha motivado a Peinado a alertar que la negativa puede constituir un delito de desobediencia. La advertencia es firme: sin justificación o entrega en el plazo fijado, el Ejecutivo podría enfrentar sanciones legales.
Además de las agendas, también se ha pedido la entrega de correos electrónicos intercambiados entre Begoña Gómez y su entorno, custodiados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta información es clave para esclarecer si hubo vínculos entre sus funciones oficiales y actividades privadas relacionadas con la causa. Los correos se consideran evidencia esencial para determinar si se produjo un uso inapropiado de la influencia política para gestionar intereses personales o privados.
La presión sobre el Gobierno se incrementa conforme avanza la investigación, la cual ha captado mayor atención pública y mediática. Los fiscales están indagando posibles delitos como malversación de fondos, tráfico de influencias y uso indebido de recursos oficiales para beneficio particular. Las incertidumbres sobre sus desplazamientos, encuentros y actividades privadas, así como sus relaciones con ciertos contratos públicos, alimentan las sospechas.
La resolución de Peinado subraya la responsabilidad del Gobierno en garantizar que los actos de sus miembros y familiares cumplen con las normas de transparencia. Moncloa debe justificar las actuaciones de Begoña Gómez o explicar de forma razonada la falta de documentos solicitados. La ausencia de colaboración o el intento de ocultar información podría acarrear consecuencias legales y daños reputacionales para el Ejecutivo.
El proceso judicial continúa y los resultados de las próximas semanas serán fundamentales para decidir si la Administración de Pedro Sánchez se ve implicada en un escándalo político con repercusiones significativas. Por ahora, el juez ha dejado claro que la ley debe prevalecer y que ni siquiera las instituciones están por encima de la justicia. La ciudadanía mantiene expectación sobre los siguientes pasos en este caso que podría marcar un punto de inflexión en el vínculo entre política y gestión pública.
