El juez Rubén Rus, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, lidera la investigación del caso Montoro, que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su entorno por un presunto esquema de tráfico de influencias. Recientemente, el magistrado ha solicitado a las entidades bancarias toda la información financiera relacionada no solo con Montoro, sino también con personas de su círculo cercano y diversas empresas implicadas.
Según el auto del juez, al que tuvo acceso RTVE, cerca de veinte personas físicas y jurídicas están bajo escrutinio dentro de esta investigación. El propósito de esta medida es esclarecer los posibles vínculos económicos y las transacciones que puedan sustentar las acusaciones en su contra.
Además, el juez autorizó a la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, para acceder al Fichero de Titularidades Financieras. Esto permitirá conocer todos los productos bancarios vinculados a los investigados, dado que la información suministrada previamente por algunas entidades fue considerada insuficiente.
El caso Montoro se basa en la sospecha de que el exministro y su antiguo despacho, Equipo Económico, habrían influido en la creación de legislación para beneficiar a intereses específicos, especialmente compañías del sector gasista. Se apunta a que dichas acciones estarían vinculadas a la obtención de ventajas fiscales personalizadas, constituyendo un posible abuso de poder.
La investigación también analiza la forma en que se efectuaron los pagos, destacando el juez un patrón de fragmentación que ha llamado su atención. No todos los exsocios del despacho recibieron las mismas cantidades, lo que genera dudas sobre la coherencia de las transacciones conforme a los porcentajes de participación en la empresa.
Esta división de pagos ha generado sospechas en la Agencia Tributaria, que evalúa si las empresas gasistas fragmentaron las transferencias para dificultar su detección por los organismos de control. Se estima que aproximadamente un millón de euros podrían estar involucrados, relacionados con reformas legales que favorecieron a estas compañías.
La UCO, unidad especializada en delitos económicos, informó de pagos totales por 673.500 euros al despacho de Montoro, de los cuales se investiga que una parte notable se destinó a gastos personales. Este hallazgo es clave para comprender posibles irregularidades en la gestión y regulación del sector energético durante los mandatos de Montoro como Ministro de Hacienda.
Los indicios de pagos coincidentes con la elaboración de modificaciones legislativas son un foco de atención para la Fiscalía. Se plantea que las reformas fiscales se aplicaron mediante cambios administrativos que facilitaron acceso a beneficios poco comunes para las empresas, según la normativa vigente entonces.
