Más de veinte organizaciones no gubernamentales alertan sobre redes de extorsión que se aprovechan de las barreras administrativas municipales. Denuncian un “apartheid suave” que deja a miles sin acceso a servicios básicos como salud, educación y ayudas sociales.
Un completo informe de 97 páginas elaborado por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho revela una situación preocupante en España: la formación de un mercado ilegal que comercia con el empadronamiento municipal. Entidades como Oxfam, Red Acoge y Médicos del Mundo señalan que las trabas que imponen los ayuntamientos obligan a grupos vulnerables —como migrantes y personas sin hogar— a abonar elevados costes a redes organizadas para obtener reconocimiento administrativo.
Redes de extorsión y ofertas encubiertas
El informe describe cómo intermediarios utilizan plataformas de compraventa y sitios web para promocionar habitaciones con “derecho al padrón”. Los precios de este servicio ilegal varían según la localidad y la urgencia, pudiendo alcanzar los 500 euros.
Este pago inicial no es el final del problema. Las ONG advierten que existen casos de extorsión sostenida, con cuotas periódicas que deben pagarse para renovar el empadronamiento bajo la amenaza de ser dados de baja, lo que supondría perder derechos y antigüedad. Este fenómeno, descrito como un «círculo vicioso de necesidad y aprovechamiento», afecta principalmente a Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Impacto de un “apartheid suave”
No contar con empadronamiento configura una barrera que divide a la población en dos grupos. Según las organizaciones, esta situación provoca severas deficiencias en el bienestar social:
- Salud Pública: Médicos del Mundo ha atendido a 28.700 personas con dificultades para acceder a servicios sanitarios, entre ellos casi 900 niños y 363 mujeres embarazadas.
- Vivienda y Educación: La ausencia de padrón dificulta el acceso al alquiler formal y obstaculiza la inscripción escolar de menores.
- Invisibilidad Legal: Sin el empadronamiento, migrantes no pueden demostrar arraigo para regularizar su situación, lo que los empuja hacia la economía informal y les impide denunciar delitos por temor a la expulsión.
Responsabilidad municipal en la problemática
Las ONG atribuyen indirectamente a algunos ayuntamientos la existencia de este mercado irregular. Acusan a varios consistorios de «desinformar intencionadamente», exigir documentación no legal, como escrituras de propiedad, o negarse a tramitar el empadronamiento en “domicilios ficticios”, un procedimiento legal destinado a personas sin hogar.
También critican las verificaciones policiales invasivas y la saturación en la asignación de citas, barreras que desincentivan a los más vulnerables a realizar el trámite por vías oficiales.
Una petición para actuar con urgencia
Con el fin de eliminar esta práctica ilegal y asegurar los derechos humanos, la Coordinadora insta al Gobierno y a las comunidades autónomas a implementar medidas inmediatas:
- Crear un Observatorio del Empadronamiento que supervise las actuaciones municipales.
- Aplicar una acción policial firme contra las redes que obtienen beneficios del comercio ilegal de registros.
- Establecer sanciones efectivas para los ayuntamientos que no cumplan con la normativa vigente.
- Desarrollar campañas informativas para difundir el derecho al empadronamiento independientemente de la situación habitacional.
“Se sostiene la prosperidad a través de su trabajo al mismo tiempo que se les niega reconocimiento social y legal”, concluye el documento, que reclama erradicar esta práctica que mantiene a miles de personas en la clandestinidad dentro de sus propias ciudades.
