El Ejecutivo español ha iniciado el procedimiento administrativo para la disolución de cuatro organizaciones que promovían o ensalzaban el régimen franquista, conforme a la Ley de Memoria Democrática.
El Ministerio de Cultura ha comunicado el comienzo de las gestiones preliminares para la extinción de cuatro fundaciones vinculadas al franquismo. Entre ellas se incluyen la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
De acuerdo con el ministro, este proceso se fundamenta en que estas fundaciones “no persiguen fines de interés general” y podrían estar violando los artículos de la Ley de Memoria Democrática relacionados con la apología del franquismo, la desconsideración hacia las víctimas y la exaltación de la dictadura.
¿En qué consiste el procedimiento de extinción?
Este trámite consta de tres etapas:
- Actuaciones previas: el Ministerio solicita informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para evaluar las actividades de la fundación y recoger la documentación que justifique la apertura del expediente.
- Periodo de alegaciones: tras notificar el inicio del procedimiento, la fundación podrá presentar alegaciones y defenderse.
- Resolución judicial: concluido el informe de la Abogacía General del Estado, el expediente se enviará a la autoridad judicial para que determine si procede la extinción.
Las fundaciones involucradas serán notificadas formalmente y contarán con un plazo para responder a las acusaciones. Previamente, este proceso se había iniciado para la Fundación Nacional Francisco Franco y ahora se extiende a las cuatro mencionadas.
¿Por qué se han seleccionado estas fundaciones?
El Gobierno ha explicado que estas entidades muestran en sus actividades o estatutos aspectos que podrían infringir tanto la Ley de Fundaciones como la Ley de Memoria Democrática. Esto incluye homenajes al franquismo, exaltación de personajes del régimen o la ausencia de un fin claro de interés general. Debido a que operaban bajo este marco, se consideran candidatas a la extinción mediante el procedimiento establecido por la norma.
Contexto y relevancia política
La medida llega pocos días antes del 50.º aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, dotando al anuncio de un fuerte valor simbólico. El ministro de Cultura destaca que esta acción representa un avance en la protección de la memoria democrática, la verdad histórica y la reparación de las víctimas del franquismo.
Asimismo, han surgido diversas reacciones políticas: los partidos que respaldan la ley la consideran un progreso necesario, mientras que aquellos vinculados ideológicamente al franquismo han manifestado que supervisarán el desarrollo legal del proceso.
¿Qué repercusiones tendrá este proceso?
A corto plazo, las fundaciones deberán facilitar información, justificar sus actividades y ajustar sus estatutos conforme a las exigencias del Ministerio. Si el juez finalmente ordena la extinción, los bienes y archivos podrían ser transferidos al Estado o asignados a organizaciones sin ánimo de lucro que defiendan el interés general, conforme a la legislación vigente.
En el ámbito de la memoria histórica y la cultura democrática, esta iniciativa subraya que la administración pública no puede respaldar ni permitir la existencia de entidades que operen con objetivos contrarios a la dignidad de las víctimas, a la verdad histórica o a los principios democráticos.
