El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sellado un compromiso histórico con los sindicatos CCOO y UGT para avanzar en la culminación del Acuerdo Marco destinado a modernizar la Administración Pública para el siglo XXI. Este acuerdo abarca una amplia gama de medidas, desde la flexibilización de la jubilación parcial hasta la clasificación profesional, además de otros aspectos cruciales como la implantación de una jornada laboral de 35 horas semanales y la mejora del empleo público.
Ambas partes, representadas por UGT servicios públicos y el área pública de CCOO, han hecho hincapié en la necesidad urgente de completar la implementación de este acuerdo marco y han expresado su interés en iniciar la negociación de un nuevo pacto para esta legislatura. El enfoque se centra ahora en aspectos clave como la jubilación parcial para el personal funcionario, la revitalización del empleo público y el rejuvenecimiento de las plantillas, así como el desarrollo de la clasificación profesional y la implementación de una jornada laboral más equilibrada.
El Ministro Escrivá ha manifestado su compromiso con la igualdad y la justicia laboral al respaldar la implantación de la jubilación parcial en línea con el resto de los trabajadores, así como la completa ejecución de todas las medidas contempladas en el Acuerdo Marco.
En consonancia con estos esfuerzos, el ministerio ya está inmerso en un análisis exhaustivo de la situación del empleo público, las necesidades de perfiles profesionales y el dimensionamiento adecuado de las plantillas, con el objetivo de aplicar las medidas acordadas, como la clasificación y carrera profesional, la evaluación del desempeño, el teletrabajo y la jornada laboral. En cuanto al incremento salarial del 2%, el Ministro ha reiterado que está contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y se asegurará su cumplimiento, tal como ha ocurrido con los incrementos anteriores recogidos en el Acuerdo.
Las organizaciones sindicales han urgido al Gobierno a encontrar las fórmulas legislativas adecuadas para garantizar la aplicación inmediata del aumento salarial del 2024, sin depender exclusivamente de la aprobación de la ley de Presupuestos Generales del Estado.
