El desarrollo de un modelo de financiación específico para Cataluña enfrenta nuevamente diversos obstáculos. A la insuficiencia de apoyos parlamentarios en el Congreso para aprobar una reforma profunda, se añade el rechazo contundente de los inspectores fiscales, quienes alertan sobre posibles desigualdades en el sistema y dificultades de coordinación con la Agencia Tributaria estatal.
El acuerdo, que ha originado un amplio y complejo debate territorial, también depende de la capacidad operativa de la Agencia Tributaria catalana. Según fuentes cercanas al proceso, actualmente la administración autonómica carece de los recursos tecnológicos y del personal necesario para gestionar las competencias fiscales que requeriría un modelo propio de recaudación o una gestión compartida más avanzada.
Estas limitaciones técnicas y administrativas se suman a un contexto político fragmentado y marcado por tensiones entre comunidades autónomas, lo que dificulta aún más cualquier progreso. Mientras el Govern mantiene la necesidad de un sistema que reconozca la “singularidad fiscal” de Cataluña, otras regiones rechazan cualquier medida que pueda generar privilegios o desequilibrios comparativos.
El futuro del modelo catalán de financiación continúa incierto, y la negociación deberá superar no sólo barreras legales y políticas, sino también las restricciones estructurales del propio sistema.
