El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado un procedimiento disciplinario contra un magistrado de una Audiencia Provincial tras descubrir que empleó inteligencia artificial para redactar el borrador de una sentencia. El juez podría ser sancionado con quince días de suspensión y una multa de 501 euros.
Esta situación, revelada inicialmente por El Español, ha suscitado un debate acerca de los límites del uso de tecnología en la administración de justicia, especialmente tras la instrucción aprobada por el CGPJ en enero, que prohíbe explícitamente que la inteligencia artificial sustituya la función jurisdiccional de los jueces.
Un error de «copiar y pegar»
El uso de esta herramienta salió a la luz debido a un descuido del propio magistrado. Según fuentes judiciales, el juez no eliminó del documento final las preguntas y consultas que había formulado a ChatGPT para obtener los argumentos de la resolución de la cual era ponente.
El promotor del expediente disciplinario, Ricardo Gonzalo Conde, afirma que el magistrado:
- Presentó una «sentencia aparente» fundamentada en análisis realizados por inteligencia artificial.
- Envió a la IA la totalidad de actuaciones judiciales sin garantizar la protección de datos personales.
- Eludió su deber de motivación propia, entregando el texto al tribunal sin identificar su procedencia.
Posturas enfrentadas: Sanción frente a archivo
La resolución del expediente no cuenta con unanimidad en las instituciones implicadas:
- El Promotor del CGPJ: Considera que se incumplió el deber judicial fundamental de emitir una sentencia y actuar con lealtad al haber reemplazado el razonamiento humano por un algoritmo.
- La Fiscalía: Sugiere el archivo del expediente sin sanción, considerando que no se ha identificado una infracción disciplinaria tipificada.
La IA no está autorizada para sentenciar
Este caso coincide con la normativa vigente del Poder Judicial, fechada el 28 de enero, que estipula que la inteligencia artificial no puede valorar hechos, pruebas ni aplicar el derecho de manera autónoma. El CGPJ enfatiza que cualquier uso de estas herramientas debe contar con un «control humano, real, consciente y efectivo».
Asimismo, se ha recordado a los miembros de la carrera judicial que únicamente pueden utilizar aplicaciones de inteligencia artificial que hayan sido supervisadas y proporcionadas oficialmente por las administraciones de Justicia o el órgano de gobierno de los jueces, garantizando así la confidencialidad y la ausencia de sesgos.
