El Frente Polisario ha intensificado sus críticas contra España y la Unión Europea tras la reciente Reunión de Alto Nivel entre Madrid y Rabat. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y secretario general del Polisario, exigió que la UE deje de “evadir de forma lamentable” las resoluciones de su propio Tribunal de Justicia y reclamó a España que asuma su responsabilidad como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, en lugar de ceder “de manera humillante al chantaje de Marruecos”.
Estas afirmaciones tuvieron lugar en la apertura de la octava sesión ordinaria del Secretariado Nacional del Frente Polisario, coincidiendo con la aplicación provisional del nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, que extiende medidas arancelarias preferenciales a productos del Sáhara Occidental.
En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el acuerdo agrícola por falta del consentimiento del pueblo saharaui. Pese a ello, un año después, los Estados miembros aprobaron, mediante procedimiento escrito y sin debate público, una versión modificada que mantiene las preferencias comerciales y elude las obligaciones de etiquetado impuestas por la justicia comunitaria.
El Polisario ha anunciado una nueva iniciativa judicial contra Bruselas. Oubbi Buchraya, asesor especial de Ghali en recursos naturales y asuntos jurídicos, confirmó la presentación de un recurso ante el Tribunal General de la UE durante este mes, enfocado en la aplicación provisional del acuerdo modificado. Buchraya calificó el proceso de negociación como “inexplicable”, ya que la Comisión Europea habría obtenido la aprobación el 10 de septiembre y confirmado el acuerdo cinco días después, lo que sugiere negociaciones discretas con Rabat previas a la sentencia de 2024.
Asimismo, el asesor saharaui criticó que los Estados miembros usaron un voto escrito para evitar el debate político y que el Parlamento Europeo fue excluido mediante la figura de aplicación provisional. También censuró el recurso al concepto de “consentimiento implícito” para validar un acuerdo que, a su juicio, contradice el derecho internacional, así como el uso de denominaciones administrativas marroquíes para referirse a territorios del Sáhara Occidental ocupados, calificando esta práctica como una adhesión al vocabulario de la ocupación.
