La dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha provocado un nuevo episodio de debate en el ámbito político español. Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, manifestó en la red social X que “cesar por imperativo legal no equivale a dimitir. Han sido ustedes los que le han expulsado”, en defensa del fiscal general saliente.
Desde el Gobierno, se expresó una actitud de respeto aunque discrepante. Pilar Alegría, ministra portavoz, indicó que si bien respetan el fallo del Tribunal Supremo, no lo comparten “en absoluto” y criticó que se haya emitido una resolución “sin ninguna justificación”.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, resaltó la inocencia de García Ortiz y convocó a la sociedad a movilizarse “en defensa de la democracia”, un mensaje que ha tenido amplia repercusión política.
Por otro lado, la Audiencia Nacional inició este lunes el proceso judicial contra los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola, acusados de presuntos delitos de corrupción relacionados con la fortuna familiar, mientras permanece la incertidumbre sobre si el tribunal eximirá de cargos al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, debido a su estado de salud.
El caso de García Ortiz se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la opinión pública, reavivando la discusión sobre los límites entre la renuncia voluntaria y el cese por imperativo legal en altos cargos.
