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El PP encomienda a Sánchez la tarea de frenar a Vox tras el avance de la derecha en Aragón y Extremadura

Génova descarta asumir la responsabilidad de contener el ascenso de Santiago Abascal y reprocha al Gobierno que impulse a la «ultraderecha» mediante medidas como la regularización de inmigrantes. Mientras, las negociaciones para las investiduras en Aragón y Extremadura permanecen estancadas a la espera del resultado electoral de Castilla y León.

El Partido Popular mantiene una postura de espera estratégica frente al crecimiento de Vox, una tendencia consolidada en las elecciones recientes de Extremadura y Aragón. En lugar de asumir el desafío de frenar a la formación de Abascal —que abandonó los gobiernos autonómicos en julio de 2024—, el equipo de Alberto Núñez Feijóo argumenta que esa tarea corresponde exclusivamente a Pedro Sánchez. Desde Génova sostienen que la constante pérdida del bloque de izquierdas evidencia el fracaso de la estrategia aplicada por la Moncloa.

Estrategia basada en el miedo y regularización masiva

Desde el PP, se responsabiliza directamente al presidente del Gobierno por impulsar el crecimiento de Vox. Fuentes del partido señalan que Sánchez emplea medidas de gran impacto ideológico, como el reciente acuerdo para la regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros, con el objetivo de movilizar el voto y alimentar a la ultraderecha, posicionándose luego como el único «refugio» viable.

No obstante, el PP destaca los resultados: en Extremadura y Aragón, la derecha ha logrado superar el 50% de los votos, alcanzando incluso el 60% en Extremadura. En Génova remarcan que el PSOE ya no compite por la victoria, sino por evitar caer por detrás de Vox como segunda fuerza, poniendo como ejemplo la pérdida de relevancia de Podemos frente al auge de figuras como Alvise Pérez.

Negociaciones bloqueadas: la influencia de Castilla y León

A pesar de los buenos datos, la formación de gobierno continúa siendo un desafío complejo. Las negociaciones para las investiduras en ambas comunidades presentan situaciones diferentes pero complicadas:

Aragón: Aunque el acuerdo se considera probable, Vox reclama posiciones proporcionales a su resultado electoral.

Extremadura: Las conversaciones están estancadas. María Guardiola tiene como fecha límite el 3 de marzo para la primera votación de investidura, aunque la ausencia de un acuerdo con Vox podría prolongar el proceso hasta el 3 de mayo, fecha final para evitar una repetición electoral.

Esta paralización no es fortuita. Tanto PP como Vox centran su atención en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. Desde Génova confían en que, tras esos comicios, las negociaciones se reactivarán, esperando que los resultados confirmen la supremacía de la derecha y obliguen a Vox a moderar sus exigencias o al PSOE a afrontar un nuevo retroceso.

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