La dirección nacional del Partido Popular ha tratado de disminuir la tensión entre la Comunidad de Madrid y la Justicia. Tras el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que requiere de manera cautelar la creación inmediata de un registro de médicos objetores al aborto, Génova ha adoptado un enfoque que enfatiza el respeto hacia la legalidad: «Las resoluciones judiciales deben ser acatadas».
Génova se distancia de la postura de resistencia de Madrid
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha sido quien expresó la postura oficial del partido. Pese a las dudas históricas de Isabel Díaz Ayuso respecto a esta iniciativa, Muñoz aseguró este martes que la Puerta del Sol seguirá el cauce democrático y tramitará el registro conforme a la solicitud del Ministerio de Sanidad.
Con esta acción, se pretende proyectar una imagen institucional, diferenciándose de la actitud más confrontativa que ha mostrado el equipo regional de Ayuso en meses recientes.
El conflicto: ¿Una garantía de servicio o una «lista negra»?
El debate jurídico y político gira en torno a la interpretación del registro:
- Desde el Ministerio de Sanidad: Se considera un instrumento necesario para organizar los servicios públicos y asegurar que el derecho al aborto se garantice en la sanidad pública.
- Desde el Gobierno de Ayuso: Se ha descrito reiteradamente como una «lista negra» cuyo objetivo sería identificar y presionar a los profesionales que, por convicción personal, optan por no realizar estas intervenciones.
Madrid acatará la orden pero seguirá abordando la materia jurídicamente
Aunque la dirección nacional del PP da por hecho que la orden se ejecutará, la Comunidad de Madrid ya ha adoptado medidas. El Gobierno regional ha anunciado que planea presentar un recurso contra el auto, alegando que la decisión del TSJM es una medida cautelar que «no entra a fondo en el contenido del asunto».
Desde el equipo de la presidenta destacan que, si bien reconocen el derecho al aborto, mantendrán su defensa jurídica para preservar la libertad de conciencia de los médicos madrileños hasta que se obtenga una sentencia definitiva y firme.
