Este miércoles, el Partido Popular ha reforzado su presión institucional hacia el Ejecutivo tras el respaldo a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, luego de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos.
Considerando esta situación como una «anomalía democrática sin precedentes», el PP ha iniciado una serie de acciones parlamentarias en ambas cámaras, Congreso y Senado, para exigir al Gobierno responsabilidades políticas. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo considera que es insostenible que una persona procesada por la justicia permanezca al frente del organismo encargado de perseguir delitos.
En el Congreso, el Grupo Popular ha presentado un escrito dirigido a la presidenta, Francina Armengol, solicitando la convocatoria urgente de la Diputación Permanente. El objetivo es debatir y votar la comparecencia inmediata del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un pleno extraordinario.
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha calificado de «auténtica vergüenza» el mantenimiento del apoyo del Ejecutivo a García Ortiz y ha pedido explicaciones públicas sobre las razones que justifican esta postura.
De forma paralela, el PP ha registrado en el Senado una petición para que Bolaños comparezca de manera urgente ante la Comisión de Justicia. Según Alicia García, portavoz en esta cámara, el objetivo es que el ministro aclare la posición del Gobierno respecto al procesamiento del fiscal general por parte del Tribunal Supremo.
Esta solicitud en el Senado incluye 18 preguntas parlamentarias en las que el PP plantea, entre otros puntos, si el Ejecutivo considera «sostenible» mantener en su cargo a un fiscal general imputado, y si contempla su cese o suspensión cautelar en caso de que se abra juicio oral. También se cuestiona si el Gobierno ha evaluado el impacto reputacional que esta situación puede generar para la Fiscalía General del Estado.
