El PSOE y el Ejecutivo han mostrado su apoyo a José Luis Ábalos ante las declaraciones del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien manifestó su sorpresa por la permanencia del exministro socialista como diputado, a pesar de estar imputado y de la existencia, según el juez, de “indicios sólidos de criminalidad”.
Las declaraciones del magistrado, que planteaba la posibilidad de reconsiderar el Reglamento del Congreso, generaron críticas tanto en el Gobierno como en el PSOE, quienes señalan que Puente se extralimitó y vulneró la separación de poderes.
Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, calificó las palabras del juez como innecesarias: “Los jueces deben aplicar las leyes, no emitir opiniones sobre ellas”. Asimismo, criticó la defensa corporativa que muestra la judicatura ante cualquier crítica y rechazó que un posible cambio en el Reglamento se haga “por indicación de un juez”.
El artículo 21 del Reglamento de la Cámara establece que un diputado solo puede perder sus derechos y prerrogativas si cumplen tres condiciones: autorización del suplicatorio por parte del Congreso, resolución firme de procesamiento y estar en prisión preventiva. En el caso de Ábalos, solo se ha cumplido la primera condición, por lo que mantiene su escaño y sus derechos parlamentarios.
Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respaldaron la posición del PSOE e insistieron en respetar los límites entre poderes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más enfático, afirmando que el debate debe centrarse en la presunción de inocencia: “¿Cómo se puede exigir a alguien sin condena ni juicio que abandone su escaño?”.
El juez Puente, por su parte, aclaró que su intención era fomentar un debate institucional, señalando: “No corresponde al Poder Judicial modificar las normas. Nos compete aplicarlas, no crearlas”.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso, descartó cualquier cambio en el Reglamento al afirmar que la Mesa “no tiene previsto introducir modificaciones”. Además, recordó que una reforma requeriría mayoría en el Pleno, y no una decisión unilateral de la Mesa.
Las respuestas de otros partidos fueron variadas. Águeda Micó, de Compromís, consideró que Ábalos debió renunciar “desde el primer momento” y abogó por revisar los aforamientos para evitar que los escaños se utilicen únicamente como protección por inmunidad parlamentaria.
El Partido Popular, por su parte, aprovechó la controversia para criticar al Gobierno. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, manifestó compartir la sorpresa del juez y calificó de “paradójico” que Pedro Sánchez describa a su Gobierno como “uno de los más íntegros de Europa” mientras mantiene a exministros como Ábalos en el grupo parlamentario.
En el centro de la discusión, el PSOE insiste en que el objetivo no es proteger a Ábalos, sino salvaguardar la independencia del Legislativo frente a posibles interferencias judiciales.