El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encuentra en una etapa especialmente complicada, marcada por una serie de escándalos, renuncias y detenciones que han cuestionado la credibilidad tanto del partido como del Gobierno en un cierre de año político especialmente tenso.
En el transcurso de menos de una semana, la agrupación ha perdido a figuras destacadas: la dimisión forzosa de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, tras acusaciones de acoso sexual; el despido de Antonio Hernández, colaborador cercano de Paco Salazar; así como la detención de la exmilitante Leire Díez y del expresidente de la SEPI, implicados en investigaciones por corrupción.
Estas medidas, según declaraciones oficiales del PSOE, forman parte de un esfuerzo para frenar la corriente negativa de noticias que han ensombrecido los avances del Ejecutivo y generado un marcado desánimo dentro de la organización. Desde el Gobierno reconocen que la acumulación de casos ha provocado una crisis de confianza especialmente delicada para un partido que se presenta como un firme opositor a la corrupción y al machismo.
El ambiente interno en Ferraz es tenso. Varios dirigentes admiten que una gestión comunicativa y política inadecuada ha agravado el daño a la reputación, mientras que voces críticas dentro del partido cuestionan la estrategia adoptada por la dirección bajo el liderazgo de Rebeca Torró.
La crisis se intensifica ante la percepción creciente de un «fin de ciclo» entre cargos y diputados socialistas, quienes advierten que la cadena de escándalos podría afectar de forma prolongada la imagen pública y el futuro electoral del partido.
Este escenario se da en un contexto de presión política externa significativa. En el Congreso, la oposición ha aprovechado los casos de acoso para cuestionar al Gobierno, elevando las críticas y aumentando el desgaste institucional.
Fuentes socialistas señalan que, además de las medidas tomadas, se están preparando nuevas acciones respecto a casos aún pendientes, como el expediente contra Paco Salazar, con el propósito de recuperar la confianza del electorado y centrar de nuevo la atención en políticas públicas prioritarias.