El Ejecutivo del PSOE ha aprobado una subvención de 2,3 millones de euros destinada a la “transformación digital” del gobierno de Cuba, una medida que ha generado críticas por asignar recursos públicos al extranjero en un contexto de importantes necesidades sociales, económicas y de servicios públicos en España.
La cooperación internacional vuelve a ser objeto de debate político. El Gobierno, presidido por el PSOE, ha autorizado fondos para actualizar la infraestructura digital del Estado cubano, un régimen que enfrenta cuestionamientos por su falta de libertades y el estricto control sobre la información y sus ciudadanos.
Esta decisión es especialmente polémica en un momento en que España afronta problemas estructurales como largas listas de espera en la sanidad, insuficiente inversión en atención primaria, déficit en vivienda pública, precariedad laboral, e insuficiente financiación para la dependencia y servicios sociales en diversas comunidades autónomas.
Quienes critican esta medida cuestionan por qué el Gobierno prioriza la modernización digital de una administración extranjera mientras miles de españoles esperan meses para intervenciones médicas, jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda adecuada y los ayuntamientos demandan más recursos para servicios esenciales. Para estos sectores, esta ayuda refleja una desconexión entre el discurso social del PSOE y sus verdaderas decisiones en materia presupuestaria.
Además, genera preocupación el hecho de que el destinatario no sea una organización independiente ni un proyecto humanitario directo, sino una inversión en las estructuras estatales de un régimen autoritario. Varios analistas advierten que estas ayudas podrían fortalecer el control político y tecnológico del gobierno cubano en vez de mejorar las condiciones de vida de su población.
Fuentes socialistas defienden la medida argumentando compromisos en cooperación internacional y alineación con programas europeos. Sin embargo, esta explicación no convence a quienes opinan que la solidaridad debe priorizar las necesidades internas y que no es ético financiar gobiernos extranjeros en momentos en que se recortan o congelan recursos clave dentro de España.
Este debate, aunque no es reciente, se ha intensificado: ¿qué grado de legitimidad tiene un Gobierno que presume de políticas sociales mientras destina millones al exterior sin resolver los problemas urgentes del país? Para muchos ciudadanos, estas decisiones refuerzan la percepción de que el PSOE privilegia su agenda ideológica internacional por encima de las prioridades nacionales.
Un asunto político y ético en discusión
La ayuda a Cuba plantea no sólo una cuestión económica, sino también ética y política. En un contexto de inflación, presión fiscal y deterioro de los servicios públicos, cada euro resulta importante. Cuando ese dinero se destina fuera del país mientras faltan recursos al interior, la crítica se hace inevitable.
La cooperación internacional es necesaria, pero no debe ser una excusa para ignorar las demandas internas. Esa es la línea que, según sus opositores, el PSOE ha cruzado nuevamente.
La asignación millonaria para la digitalización del régimen cubano reactiva un debate incómodo para el Gobierno acerca de sus prioridades. Mientras España enfrenta desafíos urgentes que afectan a millones, el Ejecutivo opta por financiar iniciativas en el exterior cuyo impacto social es cuestionado. Una decisión que fortalece la crítica de que el PSOE se enfoca más en su proyección ideológica internacional que en las necesidades reales de la población.
