Un audio filtrado revela una reunión clandestina entre colaboradores del Gobierno y un imputado por fraude para obtener información comprometedora sobre el jefe de la UCO, responsable de investigaciones que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez.
Madrid — Una conversación grabada durante una videoconferencia ha sacado a la luz una presunta operación encubierta en la que estarían implicados altos colaboradores del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha revelado El Confidencial, el objetivo de esta maniobra habría sido recabar información sensible y potencialmente incriminatoria sobre el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), quien lidera investigaciones sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, así como sobre el llamado caso Ábalos/Koldo.
En la reunión participaron María Leire Díez Castro, antigua teniente de alcalde del PSOE y exdirectiva de empresas públicas como Enusa y Correos; el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones; y el abogado Jacobo Teijelo, entre otros letrados. Al otro lado de la videollamada se encontraba Alejandro Hamlyn, empresario investigado por un supuesto fraude fiscal de 154 millones de euros en el marco de la operación Drake, actualmente residente en Dubái y con un juicio pendiente que inicia esta semana en la Audiencia Nacional.
Aunque el motivo declarado de la conversación fue en apariencia el interés por las supuestas irregularidades sufridas por Hamlyn, el contenido del audio desvela una intención muy distinta. En un momento de la charla, Díez interrumpe a Hamlyn y dirige la atención hacia lo que denomina «la Camorra de la Guardia Civil», en referencia al supuesto aparato de corrupción que, según sus palabras, operaría dentro del cuerpo y en el que estaría implicado el propio Balas. El abogado Teijelo interviene entonces de forma directa: “¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas”. A lo que Hamlyn responde: “Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero… decidme qué es lo que quieren de mí”.
Díez retoma el control del encuentro con un mensaje claro: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país”, insinuando una narrativa en la que se buscaría desacreditar las investigaciones abiertas por la UCO.
Antecedentes de una campaña encubierta
La figura de Leire Díez ha sido objeto de controversia en los últimos meses. Tal y como informó también El Confidencial en septiembre del pasado año, estaría implicada en una campaña de recopilación de información sensible sobre particulares y entidades que el Ejecutivo consideraría “enemigos”. Aunque el PSOE negó oficialmente cualquier vinculación con Díez en esa labor, su presencia habitual en la sede central del partido y los testimonios recogidos apuntan a una conexión con los entornos más discretos de Ferraz, concretamente con el círculo de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
Reacciones e implicaciones
La difusión de este audio añade tensión a un escenario político ya convulso, marcado por múltiples frentes judiciales que afectan al entorno del presidente Sánchez. La implicación de personas vinculadas al partido y a instituciones públicas en una posible maniobra para desprestigiar a un alto mando de la Guardia Civil podría tener consecuencias políticas y legales de gran alcance.
Hasta el momento, ni el PSOE ni el Gobierno han emitido un comunicado oficial en relación con este nuevo escándalo. Sin embargo, voces dentro de la oposición ya han exigido una comparecencia urgente del presidente del Gobierno y la apertura de una investigación parlamentaria para esclarecer los hechos.
Este nuevo episodio no solo pone en entredicho la separación de poderes, sino que podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La gravedad de las revelaciones y la aparente coordinación entre actores políticos y judiciales plantean preguntas inquietantes sobre el uso de los recursos del poder para fines ajenos a la legalidad.
