El PSOE advierte sobre el impacto que podría ocasionar en el Gobierno la posible divulgación de datos contenidos en los dispositivos incautados por la UCO, incluido un portátil relacionado con intermediarios del presunto encuentro, y exige garantías respecto a la protección de esa información.
El PSOE ha trasladado su inquietud ante la eventualidad de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantenga registros sensibles vinculados a una supuesta reunión del presidente Pedro Sánchez con el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que se habría producido en 2018. Recientemente, en el marco de una investigación judicial, se han incautado diversos dispositivos, entre ellos un ordenador portátil asociado a los intermediarios que facilitaron ese supuesto contacto, lo cual ha generado preocupación dentro del partido.
La preocupación principal reside en que la UCO pueda tener evidencias relevantes que incluyan detalles sobre fechas, temas tratados y características del encuentro presuntamente celebrado entre Sánchez y Otegi, lo que podría fomentar desconfianza tanto en el ámbito político como social. Aunque el presidente y su equipo han negado que esta reunión haya tenido lugar, el debate y la especulación sobre su posible contenido continúan aumentando la presión política.
En el seno del PSOE, algunos dirigentes han expresado inquietud acerca de las consecuencias que pueda tener el uso de estos archivos en futuras investigaciones judiciales. La posible filtración de información delicada podría afectar negativamente la imagen del partido y del presidente, además de provocar una crisis política en un contexto de elevada tensión institucional.
Ante esta situación, miembros del PSOE han solicitado garantías claras sobre la custodia y manejo adecuado de los datos recogidos, reclamando transparencia en el acceso a la información contenida en los dispositivos incautados. La preocupación subyace en que cualquier filtración podría reavivar la polémica en torno a los supuestos acuerdos entre el Gobierno y EH Bildu, que podrían interpretarse como compromisos políticos ocultos, dañando aún más la credibilidad del Ejecutivo.
Por su parte, la oposición ha requerido explicaciones públicas sobre el alcance de la investigación y una revisión detallada de los documentos intervenidos. La presión aumenta ante la posibilidad de que, en caso de confirmarse la reunión, se reactive el debate acerca de la transparencia del Gobierno y de posibles pactos ocultos.
Este caso centra la atención en la protección de datos judiciales y en el manejo de pruebas sensibles durante investigaciones que pueden influir directamente en la política nacional, generando un escenario de incertidumbre y tensión para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
