El Pleno del Senado ha decidido este miércoles vetar el proyecto de ley de Eficiencia de la Justicia, una iniciativa promovida por el Gobierno que buscaba modernizar el sistema judicial español. Este rechazo se produjo gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la cámara alta, sumado al apoyo de Vox.
Con este veto, el proyecto deberá regresar al Congreso de los Diputados, donde previamente había sido aprobado con el respaldo de los socios de investidura del Gobierno el pasado 14 de noviembre. Ahora, el Congreso tendrá que decidir si ratifica el texto o lo devuelve al Ejecutivo para su revisión.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su descontento con la decisión del Senado durante una rueda de prensa en Barcelona. Bolaños criticó duramente al Partido Popular por oponerse a una ley que, según él, es crucial para transformar la justicia en un servicio público moderno: «Ese es el PP que tenemos que sufrir», declaró.
Bolaños también destacó que la ley fue inicialmente trabajada por dos exministros del PP, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, y que representa un avance significativo para el sistema judicial en España. El proyecto busca reformar la estructura judicial para hacerla más accesible al ciudadano, promoviendo la especialización de los órganos judiciales y fomentando métodos alternativos de resolución de conflictos.
Entre las medidas propuestas, se incluye el mantenimiento de los Juzgados de Paz, el desarrollo de aspectos de la ‘ley del solo sí es sí’, y la eliminación de las ‘golden visa’. Además, se corrige un error en la ley de paridad que afectaba a trabajadores con permisos de cuidado y se introduce una reforma sobre la ejecución de euroórdenes.
Por otro lado, la senadora del PP, María José Pardo, defendió el veto argumentando que la norma representa un «uso fraudulento de la elaboración legislativa». Según Pardo, el proyecto disfraza concesiones a los socios del Gobierno bajo la apariencia de modernización de la justicia y fue tramitado con una rapidez inusual.
La senadora de Vox, Paloma Gómez, compartió esta visión, criticando la tramitación apresurada del proyecto y acusando al Gobierno de actuar en función de sus pactos políticos con grupos comunistas y separatistas.
En paralelo, Bolaños presentó junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, un plan de choque para combatir la delincuencia en Barcelona. Este plan incluye la creación de un tercer juzgado de guardia para delitos leves y cuatro nuevos juzgados penales, con el objetivo de reducir la multirreincidencia en la ciudad.
Con estas nuevas medidas, Barcelona contará con 33 juzgados de lo penal, lo que permitirá agilizar los juicios rápidos y reducir los tiempos de espera, acercándolos a la media nacional. Además, se facilitará el acceso de la Guardia Urbana al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) para identificar casos de multirreincidencia.
