El Tribunal de Justicia de la UE reafirma el derecho de los jueces españoles a plantear cuestiones prejudiciales, incluso tras una resolución del Constitucional
El Tribunal Supremo mantiene la potestad de solicitar aclaraciones sobre la aplicación de la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado previamente su validez. Esta cuestión fue objeto de debate en la sesión celebrada ayer en la Gran Sala del TJUE en Luxemburgo, centrada en la posible limitación que podría imponer la reciente decisión del TC a los tribunales ordinarios para acudir a la justicia europea.
El vicepresidente del TJUE, Thomas von Danwitz, manifestó su preocupación por la interpretación restrictiva que pudiera derivarse de la sentencia del Constitucional español. Dirigiéndose a la abogada del Estado, Andrea Gavela, solicitó que se aclarase que dicha lectura no es admisible.
La representante del Ejecutivo confirmó que no existe impedimento para que un juez plantee una cuestión prejudicial, aunque introdujo ciertos matices en relación con controles abstractos y concretos. Ante esto, el presidente del tribunal, Koen Lenaerts, intervino en español para confirmar: «¿Puede un juez ordinario plantear la cuestión prejudicial tanto antes como después de la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Es así?». Gavela terminó respondiendo afirmativamente.
Las preguntas del tribunal coincidieron con la decisión de la Audiencia de Sevilla de plantear también al TJUE su posición sobre el caso de los ERE, tras la anulación parcial de condenas por parte del TC. Este hecho volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del alcance del Tribunal Constitucional. Previamente, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, había intentado limitar la intervención del Tribunal de Luxemburgo, aunque esta iniciativa fue descartada por carecer de fundamentos legales.
La sesión destacó además por una inusual coincidencia entre las partes implicadas. La abogada del Estado, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, y la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, compartieron posturas con las defensas de los acusados. Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, valoró positivamente esta convergencia: «Hoy Fiscalía, Abogacía del Estado y afectados defienden conjuntamente lo mismo».
Igualmente, Boye sostuvo que durante el procés no se emplearon fondos europeos y rechazó la existencia de una «autoamnistía». «Lo que existe es la convivencia entre dos pueblos en confrontación», indicó.
En este escenario, el TJUE reiteró que los tribunales nacionales conservan el derecho incondicional de plantear cuestiones prejudiciales sin que puedan imponerse restricciones por parte de tribunales constitucionales internos. Esta garantía es fundamental para preservar la supremacía del derecho comunitario.
