El Tribunal Supremo ha denegado provisionalmente dos recursos dirigidos a paralizar la aplicación de aspectos fundamentales del decreto gubernamental que regula la creación y el funcionamiento de las universidades, una medida cuyo objetivo es limitar la proliferación de las conocidas como universidades chiringuito.
En dos autos publicados el 27 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió no conceder medidas cautelares mientras se examinan en profundidad los recursos interpuestos por diversas instituciones y administraciones autonómicas. Entre los demandantes figura la Universidad Hespérides, con sede en Canarias y modalidad a distancia, así como cuatro universidades extranjeras que operan en España: CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín.
El decreto, aprobado en octubre de 2025, introduce modificaciones en la regulación sobre la constitución y reconocimiento de universidades con la finalidad de controlar la expansión de nuevos centros y titulaciones que carecen de garantías adecuadas de calidad. Entre sus principales disposiciones se incluyen limitar la cantidad de nuevos títulos oficiales basándose en la oferta existente, requerir una verificación previa para ampliar programas académicos y establecer que al menos el 75 % del profesorado en universidades en línea resida en España o en la Unión Europea.
Las universidades demandantes argumentan que estas obligaciones representan obstáculos administrativos excesivos y un trato discriminatorio hacia instituciones pequeñas o extranjeras. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que no se ha demostrado un daño grave al interés general que justifique suspender de forma cautelar el decreto antes de una sentencia definitiva.
En particular, respecto a la Universidad Hespérides, el alto tribunal impuso las costas procesales al considerar que no presentó evidencias suficientes que avalaran el impacto negativo denunciado. Asimismo, desestimó las solicitudes de las universidades extranjeras, pese a que estas expusieron las dificultades para cumplir con los nuevos requisitos en el plazo establecido.
El Gobierno sostiene que la normativa es esencial para mejorar la calidad del sistema universitario español y prevenir prácticas irregulares en la oferta educativa, mientras continúa el debate entre administraciones, centros académicos y la comunidad educativa acerca del alcance real de esta regulación.
