Comienzan las 13 sesiones de un juicio que sentará en el banquillo al exministro de Transportes, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por supuestas comisiones ilegales en contratos de mascarillas.
El Tribunal Supremo abre este martes 7 de abril la etapa determinante del denominado «caso mascarillas». A lo largo de un calendario judicial que se prolongará hasta el día 30, el tribunal superior interrogará a 80 testigos y analizará miles de documentos para aclarar la presunta red de comisiones ilegales vinculada a contratos adjudicados durante la pandemia de 2020, cuyo monto total alcanza los 54 millones de euros.
En calidad de acusados están el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Se les atribuyen delitos relacionados con cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso de información privilegiada, falsificación y prevaricación. La Fiscalía solicita penas de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, quienes permanecen en prisión preventiva por riesgo de fuga desde que se destapó el caso hace más de dos años.
Jesica Rodríguez: testigo clave en el proceso
La sesión inicial de testimonios comienza con la declaración de Jesica Rodríguez, expareja del exministro y figura destacada en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Rodríguez, que se presentó en el Supremo con un cambio notable en su apariencia —del rubio al moreno—, es considerada una pieza fundamental para esclarecer la presunta financiación irregular del círculo personal de Ábalos.
Según la Fiscalía, Rodríguez acompañó al entonces ministro en más de 15 viajes oficiales entre 2019 y 2020. Además, la investigación señala que fue empleada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes del Ministerio de Transportes, donde percibió 43.978 euros sin desempeñar presuntamente ninguna función efectiva.
El alquiler del piso en Plaza de España y los pagos realizados por Aldama
Otro tema relevante durante el interrogatorio será el alquiler del piso ubicado en la Plaza de España en Madrid, residencia de Rodríguez. La Fiscalía sostiene que la renta mensual de 2.700 euros era cubierta por Víctor de Aldama mediante intermediarios, hecho que el propio empresario admitió ante el juez.
Por su parte, Koldo García ha presentado una versión diferente, alegando que se trataba de un «piso de empresa» destinado exclusivamente al descanso y que incluso él asumió algunos pagos utilizando fondos de su hija menor de edad. El testimonio de Rodríguez será clave para aclarar cómo se financiaron tanto su vivienda como sus desplazamientos internacionales y su incorporación al sector público.
Un mes judicialmente intenso
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía Anticorrupción reclama multas que alcanzan hasta 3,9 millones de euros y el decomiso de más de 430.000 euros en beneficios obtenidos ilegalmente. La hipótesis del Ministerio Público es que los acusados organizaron un “negocio ilícito” desde Adif y Puertos del Estado para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión, dirigida por Aldama, a cambio de ventajas personales y económicas.
Este proceso judicial coincide en tiempo con el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional, lo que convierte a este mes de abril en un período de considerable actividad judicial para investigar las causas de corrupción que han marcado la política española en los últimos años.
