El Tribunal Supremo advierte sobre posibles sanciones si no se implementan medidas inmediatas para proteger a los menores solicitantes de asilo
El Tribunal Supremo ha solicitado al Gobierno de España que adopte con prontitud acciones eficaces que aseguren una adecuada atención a los menores solicitantes de asilo en Canarias, debido a la saturación de los centros de acogida y las deficiencias detectadas en su protección.
En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo alerta al Ejecutivo acerca de que la omisión de esta orden podría conllevar la imposición de “medidas coercitivas” para garantizar su cumplimiento. El tribunal entiende que la situación actual infringe los derechos fundamentales de los menores, protegidos tanto por la legislación nacional como por los tratados internacionales ratificados por España.
Esta decisión surge después de múltiples advertencias realizadas por organizaciones humanitarias y autoridades locales sobre el colapso del sistema de acogida en el archipiélago, en particular en relación con el aumento considerable del número de menores no acompañados en los últimos meses.
El Supremo demanda que el Gobierno actúe con celeridad y coordinación para evitar “daños irreparables” a una población especialmente vulnerable. Aunque aún no se ha pronunciado oficialmente desde el Ejecutivo, fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud confirman que se está elaborando un plan de acción para atender el requerimiento judicial.
Este pronunciamiento añade presión al Gobierno en un contexto migratorio cada vez más complejo y fortalece el rol de los tribunales como defensores de los derechos de los menores en situaciones de crisis humanitaria.
