El Tribunal Supremo ha emitido una resolución que obliga al Ejecutivo a proporcionar a una senadora del Partido Popular más de 9.000 informes solicitados al Ministerio de Hacienda, desestimando la justificación del Gobierno basada en la «imposibilidad material» de facilitar dicha información.
La senadora pidió acceso a estos documentos como parte de su función de supervisión sobre las actuaciones del Gobierno, un derecho que el alto tribunal defiende como prioritario ante las alegaciones del Ejecutivo. En su sentencia, el Supremo establece que el derecho de los representantes públicos a supervisar la gestión gubernamental es un pilar fundamental del sistema democrático y no puede ser restringido de manera general por supuestos inconvenientes operativos.
El Gobierno alegó que la cantidad solicitada —más de 9.000 documentos— representaba una carga excesiva para la Administración y que resultaba inviable responder en tiempo adecuado. No obstante, el tribunal consideró que las complejidades logísticas no pueden prevalecer sobre el principio constitucional de control parlamentario.
Desde el Partido Popular, valoraron la resolución como un triunfo para la transparencia y el escrutinio democrático. Por otro lado, fuentes del Ejecutivo no han detallado aún cómo cumplirán la sentencia ni si intentarán recurrirla por vías legales adicionales.
Esta decisión podría establecer un precedente en relación con el acceso a la información por parte de los representantes públicos y abre la discusión sobre los límites administrativos frente al derecho de control institucional.
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