El Tribunal Supremo ha expresado su desacuerdo con las supuestas “presiones” externas que rodean la posible aplicación de la Ley de Amnistía para el expresidente catalán Carles Puigdemont, especialmente en relación con el delito de malversación. La entidad judicial ha señalado la existencia de una “campaña” encaminada a “desprestigiar” al alto tribunal, enfatizando que su labor se basa exclusivamente en principios legales.
Desde la institución recuerdan que la interpretación y uso de la Ley Orgánica de Amnistía corresponde al ámbito de la “legalidad ordinaria”, no al constitucional, y sostienen su independencia frente a influencias políticas que intentan condicionar sus resoluciones.
Esta manifestación llega en un marco de marcada división política y social en torno a la reciente aprobación de la ley de amnistía por parte de las Cortes Generales, y su repercusión en diversos procesados por el procés, entre ellos Puigdemont, actual eurodiputado.
El Supremo reitera su obligación de mantener la imparcialidad judicial y recuerda que la decisión sobre la posible aplicación de la amnistía se hará dentro del procedimiento legal correspondiente, sin que intervengan presiones externas o condicionamientos políticos.
