La Sala de lo Penal ha impuesto la máxima pena prevista por el delito de revelación de secretos al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por divulgar datos confidenciales sobre el caso fiscal de Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución importante: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido sancionado con dos años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros debido a un delito de revelación de secretos vinculado a la filtración del correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía fraude fiscal y proponía un acuerdo con la Fiscalía. Además, la sentencia incluye una indemnización de 10.000 euros para el perjudicado.
Esta resolución se produce tras meses de polémica política y judicial, determinando que García Ortiz fue responsable de hacer pública esa comunicación a la prensa la noche del 13 de marzo de 2024 en un momento en que la Fiscalía preparaba información para desmentir mensajes y rumores provenientes del entorno de la presidenta madrileña. El tribunal concluye que el fiscal general tuvo un papel clave en esta filtración.
Una decisión dividida dentro del Tribunal Supremo
El fallo no fue unánime. La Sala de lo Penal mantuvo dos votos particulares discrepantes, de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes apoyaron la absolución. Polo ejerció inicialmente como ponente, pero al quedar en minoría cedió la redacción definitiva al presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, cuyo texto oficial será publicado próximamente.
La inhabilitación no empezará a aplicarse hasta la notificación completa de la sentencia, lo que implicará la salida obligatoria de García Ortiz de la Fiscalía General.
Un proceso judicial centrado en la ausencia de pruebas directas
El juicio, que finalizó para sentencia el 13 de noviembre tras seis sesiones, se centró en si existían o no evidencias que demostraran que el fiscal general ordenó la difusión del correo electrónico. En su declaración, García Ortiz negó categóricamente:
“No, no he sido yo quien lo ha hecho llegar”, contestó al ser preguntado sobre su implicación en la filtración o en el mandato para llevarla a cabo.
La Abogacía del Estado sostuvo una posición similar: “No existen indicios ni pruebas que atribuyan la filtración al fiscal general”.
Asimismo, García Ortiz defendió que la Fiscalía no perjudicó a González Amador y que las actuaciones durante aquella noche tenían por objetivo preparar una comunicación oficial para desmentir los rumores que indicaban que la institución había anulado un supuesto acuerdo «por órdenes superiores».
Análisis del entorno de Ayuso y rumores examinados en el juicio
Gran parte del debate judicial se centró en determinar si el correo filtrado era confidencial en el momento de su difusión o si ya había sido divulgado previamente desde el propio círculo cercano a González Amador. Los magistrados estudiaron si el comisionista pudo vulnerar la confidencialidad al remitir un correo a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Ayuso, quien a su vez lo compartió con numerosos periodistas.
Rodríguez reconoció durante la vista que difundió información errónea sobre un supuesto pacto fiscal. “No tengo ninguna fuente”, admitió ante el tribunal, al tiempo que reconocía haber lanzado acusaciones sin sustento. También formuló nuevas afirmaciones sin pruebas, alegando que “Hacienda no permitió concretar un acuerdo”.
Estos hechos generaron un contexto judicial marcado por acusaciones mutuas, interpretaciones políticas y esfuerzos por esclarecer el modo en que la información llegó a los medios.
Una resolución con repercusiones institucionales significativas
La condena impuesta a García Ortiz representa un impacto considerable en el Ministerio Público, al afectar a su máximo dirigente. La inhabilitación por dos años lo impedirá ejercer funciones fiscales, incluyendo la jefatura de la institución. Asimismo, la sentencia sienta un precedente importante sobre el uso y la gestión de información confidencial dentro de la Fiscalía en contextos de confrontación política.
Tras la notificación oficial, se iniciará el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general en un momento de alta tensión institucional entre los poderes del Estado.
