El exministro afronta solicitudes de hasta 30 años de prisión en un juicio con 100 testigos que examinará las mordidas y contratos irregulares relacionados con la trama de las mascarillas
El martes 7 de abril de 2026, el Tribunal Supremo inaugura una de las vistas judiciales con mayor relevancia política y mediática reciente. La Sala Segunda juzgará al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto a su antiguo asesor, Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama. El procedimiento, que se prevé hasta el 30 de abril, busca esclarecer las responsabilidades penales de una red que supuestamente se benefició mediante la manipulación de contratos sanitarios durante la etapa crítica de la pandemia de Covid-19.
Ábalos y García acudirán a la vista desde la prisión de Soto del Real, donde permanecen en prisión provisional debido al riesgo de fuga ante las altas penas solicitadas: la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años para el exministro, mientras que las acusaciones populares aumentan la petición hasta 30 años.
Los tres pilares del juicio
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha delimitado los hechos objeto del juicio en estas 13 jornadas, excluyendo otras investigaciones paralelas que se tramitan en la Audiencia Nacional. Los elementos centrales son:
1. El acuerdo con Soluciones de Gestión: Se indaga cómo Víctor de Aldama empleó información privilegiada para que organismos dependientes de Transportes (Puertos del Estado y Adif) adjudicaran contratos por más de 36 millones de euros a su empresa, que sirvieron como garantía para obtener otros 16 millones en Canarias, Baleares y el Interior.
2. Las comisiones mensuales: La investigación señala que Aldama entregaba 10.000 euros en efectivo cada mes a Koldo García, dinero que supuestamente se compartía con Ábalos.
3. Beneficios personales: El juicio abordará el pago de alquileres de pisos de alto nivel en Madrid destinados al exministro y personas de su entorno, así como la supuesta inserción laboral de dos mujeres relacionadas con Ábalos en las entidades públicas Ineco y Tragsatec.
Testigos destacados y ausencias significativas
Se prevé la declaración de 100 testigos durante las sesiones, aunque algunas de las comparecencias más esperadas se realizarán por escrito, como es el caso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, quienes evitarán así comparecer presencialmente debido a sus cargos.
Por otra parte, deberán presentarse figuras como el exsubdirector de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y otros responsables técnicos que gestionaron las adquisiciones de emergencia. Un reto jurídico será la declaración de testigos que también están imputados en la Audiencia Nacional (como Isabel Pardo de Vera), quienes podrán acogerse a su derecho a no responder para evitar la autoincriminación.
Aspectos excluidos del juicio en el Supremo
Es preciso subrayar que este proceso no abordará la «trama Cerdán» ni los presuntos pagos en efectivo al PSOE que se investigan en la Audiencia Nacional. El Supremo se centrará exclusivamente en la vertiente ligada al Ministerio de Transportes y los beneficios directos obtenidos por el entorno cercano a Ábalos.
Al concluir abril, el tribunal deberá resolver si existió un acuerdo para lucrarse con material sanitario valorado en 50 millones de euros y si las gestiones realizadas por Ábalos para rescatar a Air Europa o favorecer a empresas de hidrocarburos como Villafuel constituyeron delitos de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias.
