Por Plutarco
El Gobierno, tras las declaraciones de Albares y Marlaska, parece haber adoptado una táctica de “huida hacia delante” después de conocerse la ratificación de la Sentencia de instancia por el Tribunal Supremo respecto a la ilegalidad administrativa en la devolución de los menores en la crisis migratoria de mayo de 2021. Esta maniobra, en respuesta al Alto Tribunal, implica una defensa proactiva de las acciones pasadas, a pesar de las dudas legales que estas suscitan.
Son varias las razones que están detrás de esta defensa de la acción gubernamental a pesar de las decisiones judiciales, tanto de orden político como legal. Como comentaba en el artículo anterior (insertar link) esta actitud puede entenderse si se pretende mantener que existió una “duda razonable” en la actuación de las enjuiciadas penalmente por un delito continuado de prevaricación: Mabel Deu y Salvadora Mateos.
En la vertiente política, la posición del Gobierno también puede analizarse a través de la ‘Ventana Overton’, un concepto desarrollado por Joseph Overton que explica cómo ciertas ideas, en diferentes momentos, caen dentro o fuera de la aceptabilidad pública. Al defender firmemente sus acciones, el Gobierno intenta posiblemente mover esta ventana, buscando que su interpretación de los hechos sea vista como aceptable o incluso deseable.
El PSOE se encuentra en una posición delicada, donde debe equilibrar su ideología tradicionalmente más progresista en temas de migración con las realidades de la política gubernamental. El PSOE enfrenta presiones tanto internas como externas, incluyendo las expectativas de sus miembros y electores, y la presión de partidos a su izquierda. El tratamiento del tema migratorio por parte del PSOE tiene implicaciones directas en su estrategia electoral y puede ser una línea divisoria clave en la sociedad española.
Por otro lado, la respuesta del PP a la situación plantea un interesante estudio de caso en lo que Giovanni Sartori describiría como «ingeniería política». A nivel nacional, el partido exige la dimisión de Marlaska, una táctica clara de confrontación política. Sin embargo, a nivel local en Ceuta, su postura es notablemente más mesurada, especialmente considerando que Mabel Deu, ex Vicepresidenta de Ceuta, está implicada en el mismo caso.
Esta dualidad estratégica resalta la complejidad de la política partidista. Por un lado, la exigencia de dimisión a nivel nacional puede verse como un intento de capitalizar políticamente la situación, buscando desgastar la imagen del Gobierno central. Por otro lado, la postura más suave a nivel local podría entenderse como una necesidad de equilibrar intereses internos y mantener la cohesión del partido en un contexto delicado.
En el entramado de la política española, la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente de menores marroquíes ha generado ondas que van más allá del ámbito legal. Las reacciones del Gobierno, el PP y el PSOE revelan una compleja danza de estrategias políticas y posicionamientos ideológicos.
El Gobierno, en su intento de ‘huida hacia delante’, busca equilibrar la defensa de sus acciones pasadas con la preservación de su legitimidad política. Esta maniobra, aunque arriesgada, es un reflejo de la constante negociación entre legalidad y percepción pública en la política contemporánea.
El caso en cuestión subraya cómo los eventos legales pueden transformarse en tormentas políticas, afectando no solo a los partidos y sus estrategias, sino también a la percepción y confianza del público en sus instituciones. El daño a la credibilidad de los diferentes discursos dependiendo del ámbito, nacional o local, y la disputa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo que ha venido en llamarse «lawfare», es un espacio baldío para ideas extremas y desafección institucional. Estos desarrollos ilustran la evolución constante de la política española, un campo de batalla donde se redibujan continuamente las líneas de lo políticamente posible y aceptable.
